Dentro del Plan para As Pontes de la denominada Transición Justa se ha hecho pública por la concejala de industria Ana Pena la concesión de 258.337,54 euros para la ampliación de la Residencia de Mayores de La Magdalena.

La noticia ha sorprendido a todos en As Pontes, no por la concesión en si misma de dinero público a dicha entidad a la que nadie puede negarle tal derecho, sino por la ausencia de ayuda alguna a la construcción de una residencia publica en As Pontes largamente demandada y prometida.

Hay que tener en cuenta que el coste de la permanencia de un anciano en la citada residencia privada de la Magdalena supera mensualmente los dos mil euros lo que hace prácticamente inutilizable dicho servicio por la mayoría de los vecinos de As Pontes que tiene esa necesidad mientras para el citado establecimiento hay lista de espera de ancianos de toda la comarca.

Con independencia de la oportunidad de la ayuda anunciada hay que decir que tal obra de ampliación, para poder concedérsele licencia -además de a cumplir los estándares urbanísticos vigentes – estará obligada a la cesión de los terrenos de uso público establecidos en las NSM y hoy cerrados en la parcela y a la completa urbanización de la misma pues en la actualidad cuenta con varios tramos de calle y aparcamientos recogidos en la normativa aún sin ejecutar.

La concesión de la ayuda anunciada pone de manifiesto el hecho de que los servicios funerarios y sociales se han convertido en As Pontes en un negocio lucrativo y también que, pese a sus manifestaciones y anuncios reiterados, el ayuntamiento parece haber abandonado las obligaciones que establece el art.26 de la vigente Ley de Régimen Local que le obliga a la prestación de los mismos.