La Vicesecretaria de Acción Política de Vox en Madrid ha autorizado, el pasado día 22 de abril, el inicio en Galicia de una campaña de difusión sobre los principios políticos de actuación en el medio rural gallego, cuya consecución se espera que tenga una enorme trascendencia y repercusión sobre el patrimonio del campesinado de Galicia.

La campaña, titulada “Salvemos el campo gallego”, defenderá tres grandes principios de actuación política de cara al futuro de esta comunidad en relación con el medio rural.

Los principios aprobados son los siguientes:

PRINCIPIO PRIMERO
Restauración y promoción económica del hábitat disperso característico del asentamiento gallego mediante la derogación de la Ley 9/2002 del Suelo de Galicia y sus herencias normativas, así como la promulgación de una nueva legislación que establezca las superficies de cultivo y forestales necesarias para acompañar a la vivienda o a las instalaciones agropecuarias, permitiendo el retorno al modelo tradicional de ocupación del territorio.

La ocupación edificatoria del suelo se sustentará, en todos los casos —con el apoyo de la tecnología actualmente disponible—, en la seguridad medioambiental, la sostenibilidad energética y la autosuficiencia alimentaria.

PRINCIPIO SEGUNDO
Derogación, asimismo, de toda normativa urbanística o medioambiental que establezca limitaciones de uso o cultivo en Galicia sin que las consecuencias económicas de dichas limitaciones hayan sido previamente indemnizadas a los propietarios afectados.

PRINCIPIO TERCERO
Eliminación del régimen de tránsito libre de animales salvajes por el campo gallego, permitiéndolo únicamente en aquellas zonas donde los propietarios lo acuerden expresamente y bajo las condiciones y responsabilidades que se establezcan reglamentariamente.

Las medidas, que se incorporarán al programa político de Vox en las próximas elecciones autonómicas, suponen, de hecho, un cambio radical en las posibilidades de uso del suelo rústico, que fueron cercenadas por los gobiernos del Partido Popular, especialmente desde 2002. Dicho cambio pasará, en todos los casos, por la libertad edificatoria —como lo fue tradicionalmente durante generaciones— y también por el principio de que cualquier limitación que se establezca en el rural gallego habrá de ser previamente indemnizada antes de su entrada en vigor.

Con la actuación legislativa propuesta se pretende acabar con el injusto castigo que la Ley del Suelo de Galicia de 2002 supuso para los campesinos gallegos en materia edificatoria, así como con las limitaciones derivadas de las declaraciones ambientales y de protección de la fauna silvestre que les fueron impuestas, al tiempo que se busca rehabilitar la economía y potenciar la ocupación del territorio en Galicia.