Durante su visita a España, el Pontífice ha defendido un enfoque más abierto y humanitario hacia los inmigrantes que acceden de forma irregular a los países europeos. Sin embargo, esa postura contrasta con la normativa vigente en el Vaticano, donde un decreto aprobado el 19 de diciembre de 2024 endureció significativamente las sanciones contra quienes entren sin autorización o vulneren los controles de acceso establecidos.

Entre las principales medidas contempladas por dicha normativa destacan:

  • Multas de entre 10.000 y 25.000 euros para quienes accedan ilegalmente al territorio vaticano o incumplan los controles de seguridad.
  • Penas de prisión de uno a cuatro años cuando la entrada se realice mediante violencia, amenazas, engaño o elusión deliberada de los sistemas de control.
  • Prohibición de acceso al Estado Vaticano durante un período de hasta quince años para las personas condenadas.
  • Sanciones administrativas para quienes permanezcan en el territorio con permisos o autorizaciones caducados, con multas que pueden oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.
  • Nuevas penas de prisión en caso de reincidencia o incumplimiento de una prohibición previa de entrada.

Esta disparidad entre el mensaje público y la legislación aplicada dentro de las fronteras vaticanas nos recuerda las palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Mateo (23,3): «Haced y observad todo lo que os digan; pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen».

En este caso León XIV nos resulta un poco fariseo