Una de las empresas del metal de referencia en Galicia, Maessa, presentó ayer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para toda la plantilla que estaba destinada en la central térmica de Endesa en As Pontes. Las subcontratas de la planta cuentan con garantías de ocupación hasta el 30 de noviembre, pero debido a los plazos legales para negociar un ajuste de este tipo, la firma ha anunciado a sus trabajadores —38 en total— su intención de proceder a sus despidos.

Víctor Ledo, que pertenece a la Federación de Industria de CC.OO. de Galicia, reclamó la suspensión inmediata de esta medida, que iría en contra de «una transición justa». El sindicalista recordó que tanto el acuerdo firmado por el Ministerio de Transición con las eléctricas y los sindicatos como en la mesa de As Pontes se recogía que los trabajadores auxiliares de la térmica participarán en el proceso de desmantelamiento de la factoría y también en tendrán prioridad para ser contratados posteriormente en lo proyectos industriales que se van a desarrollar en el municipio como parte del proceso de reindustrialización por la descarbonización del municipio.

Reunión con la Xunta

Ledo recordó que el próximo día 24 se va a producir una reunión, convocada por la Xunta, en la que participarán los agentes sociales, el Instituto de Transición Justa, el Concello y Endesa, para analizar esas inversiones industriales proyectadas. Por ello, reclamó a Maessa que retire ese despido colectivo para poder analizar con la eléctrica en ese encuentro el calendario que maneja para el predesmantelamiento de la térmica y para garantizar que los trabajadores auxiliares puedan continuar con sus puestos sin que tengan que pasar por una situación de desempleo.

De lo contrario, el delegado sindical teme también que puedan producirse otros ajustes en el resto de firmas que trabajan en la central, que fue apagada definitivamente a principios de este mes.

En los acuerdos firmados con el Gobierno y las eléctricas se reconocía una bolsa de trabajadores auxiliares formada por 167 personas, que contarían con esas garantías para su futura recolocación.

La Voz de Galicia