El último pleno ordinario del Ayuntamiento de As Pontes dejó al descubierto una preocupante deriva en la práctica política municipal, protagonizada por la concejala del Partido Popular María Dopico. Lo sucedido no fue simplemente un desacuerdo político ni un debate ideológico intenso —algo legítimo en cualquier democracia—, sino un ejemplo de cómo el uso irresponsable de acusaciones sin contrastar puede deteriorar la convivencia institucional y degradar el propio ejercicio de la política.

La sesión comenzó con una moción del Partido Popular para prohibir en As Pontes el uso del burka y el niqab, prendas que cubren el rostro de algunas mujeres musulmanas. Desde el grupo socialista, la concejala Lorena Tenreiro desmontó la iniciativa con dos argumentos elementales: por un lado, que los ayuntamientos no tienen competencia para legislar sobre esa materia, reservada al ámbito estatal; por otro, que en el municipio ni siquiera existe el problema que se pretende regular, ya que no hay constancia de mujeres que utilicen esas prendas en la localidad.

Lejos de aportar razones sólidas, la concejala popular se limitó a justificar su propuesta apelando a que “había que ser previsores”. El resultado fue el esperado: la moción quedó aislada con los únicos dos votos del Partido Popular. Un gesto político más cercano al oportunismo ideológico que a la resolución de problemas reales de la villa.

Pero el verdadero episodio que marcó el pleno fue mucho más grave. La concejala María Dopico había difundido previamente un audio en el que acusaba al concejal de Obras, Roberto Rivera Rego, de haber sustraído unas cervezas en el local público conocido como “Do Pulpo”, pertenecientes a unos vecinos. Y no solo eso: durante la sesión y dándolo por probado llegó a preguntarle públicamente si pensaba dimitir por tales hechos.

La acusación, lanzada con una ligereza alarmante, fue contestada de forma tajante por el edil afectado. Rivera explicó que ya había aclarado personalmente a la concejala lo ocurrido: se trataba de la retirada de un material que él creyó abandonado por los ocupantes anteriores del local y que acopiado en vehículo público iba a ser trasladado al almacén de obras del ayuntamiento. Más allá de la explicación, lo que denunció fue ,además de una evidente falta de nobleza y de compañerismo de la concejala, el daño causado por una difusión irresponsable de rumores que atentan contra su reputación personal y que, inevitablemente, afectan también a su familia.

El alcalde fue igualmente contundente al reprochar el comportamiento de la concejala, cuestionando qué tipo de sociedad se pretende construir cuando se normaliza la difusión de acusaciones sin pruebas. Recordó además que la corporación municipal está para hacer política útil, no para caer en prácticas que calificó sin rodeos de rastreras que perjudicaban sobre todo a quienes las utilizaban.

Solo entonces, y visiblemente superada por la situación, María Dopico terminó pidiendo disculpas, alegando que el audio se había enviado a una persona particular y que no era su intención que se difundiera. Una explicación que, lejos de resolver el problema, abre otro aún más inquietante: si una representante pública lanza acusaciones graves en privado sin haber contrastado los hechos, el problema no es únicamente la difusión posterior, sino la propia actitud de quien considera legítimo difundir rumores o sospechas sin fundamento.

Desde el BNG se señaló   que, de existir cualquier duda o conflicto, lo responsable habría sido tratarlo en una comisión municipal. Es decir, en el ámbito institucional adecuado, con información contrastada y sin convertir la política en un espectáculo de sospechas.