Legalidad y legitimidad

Vivimos —al menos así lo percibo— en un mundo de licencias. Todo requiere autorización; incluso, últimamente, hasta las gallinas habrán de estar matriculadas. Naturalmente, el rigor en su aplicación varía, y lo hace siempre de forma inversamente proporcional al poder de quien las solicita: cuanto menor es el poder del ciudadano, mayor es la severidad de la administración. Es una regla que rara vez falla.

En As Pontes, desmantelar la principal industria eléctrica de Galicia y empobrecer a toda una población borrando al tiempo su patrimonio industrial —y con él su memoria— puede autorizarse en cuestión de semanas. Del mismo modo, la instalación de un crematorio en pleno casco urbano, con el consiguiente perjuicio para la salud de los vecinos y el valor de sus propiedades, se resuelve en apenas veintiséis días. En cambio, para un ciudadano común, construir una vivienda, abrir un restaurante o instalar un ascensor aquí en As Pontes puede convertirse en un laberinto burocrático de años, entre informes contra informes y mandangas varias.

Y cuando ocurre cualquier desgracia, lo primero que se pregunta es si existía licencia o si faltaba alguna autorización, aunque nada tenga que ver con el suceso. Porque, con licencia de por medio, en este país casi cualquier tragedia acaba siendo responsabilidad de un pobre infeliz o, en su defecto, de Franco o del cambio climático.

A lo largo de mi vida he conocido distintas etapas en materia de autorizaciones. En los años ochenta, las normas eran escasas, generalmente bien fundamentadas y conectadas con la realidad. Su aplicación respondía al sentido común, lo que las hacía comprensibles y, sobre todo, legítimas. Con el tiempo, sin embargo, las leyes no solo crecieron de forma exponencial, sino que comenzaron a responder más a modas que a necesidades reales, perdiendo así su legitimidad. Paralelamente, surgieron oleadas de funcionarios sin vocación de servicio para hacerlas cumplir, más interesados en encontrar refugio en la estructura económica del Estado que en servir al ciudadano. El resultado ha sido un entramado de normas arbitrarias, a menudo politizadas, cuyo incumplimiento empieza a percibirse no como un acto incívico, sino como una necesidad.

Leyes ilegítimas han existido siempre. Las tuvieron regímenes como los de Hitler o Stalin, las tienen hoy Estados como Corea del Norte o China, e incluso democracias consolidadas como Estados Unidos mantuvieron leyes racistas y completamente ilegítimas hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Todos ellos han contado —y cuentan— con legalidad, pero no necesariamente con legitimidad, entendida como reconocimiento ético y moral por parte de la sociedad.

Hoy, en España, nos encontramos —a mi juicio— con un Gobierno carente de legitimidad, sostenido en la inmoralidad y la ausencia de escrúpulos; con un Tribunal Constitucional cuestionado; y con un conjunto de leyes que, en buena medida, carecen de respaldo moral para una parte significativa de la sociedad, especialmente en ámbitos como el feminismo, el aborto, la eutanasia o la transexualidad.

En Galicia, la ley del suelo de 2002 constituye, probablemente, el ejemplo más claro de legislación destructiva e ilegítima que he conocido, al margen de toda esa parafernalia feminista y ecologista que tanto daño le ha terminado haciendo en la práctica a la mujer y al medio ambiente. Para obligar a cumplirla, se creó además una suerte de Gestapo urbanística —la APLU— que ha sembrado el temor -y en ocasiones el terror- entre propietarios de suelo rústico que simplemente pretendían y pretenden continuar con las prácticas tradicionales de sus antepasados.

Pero en estos días asistimos a un caso especialmente evidente de la tensión entre legalidad y legitimidad: la guerra en Irán.

Por algunos se invoca la ilegalidad del conflicto y se proclama el pacifismo con el consabido “no a la guerra”. Sin embargo, el debate está impregnado de una notable dosis de hipocresía y de autoengaño colectivo.

Por eso merece la pena detenerse en ello.

Irán: cualquier cosa menos pacífico

Irán es un Estado teocrático, gobernado por líderes religiosos —los ayatolás— que no solo dictan normas morales, sino que interpretan y aplican las leyes. Nada que ver con las democracias occidentales: se trata, en esencia, de una dictadura de raíz religiosa con rasgos propiamente medievales. La represión interna es severa, y difícilmente puede considerarse, más allá de sus avances tecnológicos, un país alineado con los estándares de lo que entendemos por civilización en Occidente.

Nada que ver con Israel el único país realmente democrático de Oriente Medio.

Pero lo más relevante de Irán no es que no nos encontramos ante un actor internacional pacífico. Al contrario, su ideología lo ha llevado a convertirse en uno de los principales promotores del terrorismo internacional. Para ello cuenta incluso con estructuras estatales específicas, como la Fuerza Quds, encargada de financiar, entrenar y apoyar a grupos armados en distintos lugares del mundo.

Estas organizaciones no solo actúan contra Israel, sino que han perpetrado atentados en Europa, como los ocurridos en París en 1985-86, con 18 bombas en trenes, centros comerciales y oficinas públicas que dieron como resultado 20 muertos y 255 heridos. 

A ello se suma un discurso oficial persistente y explícito sobre la destrucción de Israel, expresado reiteradamente por sus principales dirigentes a lo largo de décadas. No se trata, por tanto, de declaraciones aisladas o retóricas, sino de una línea ideológica sostenida en el tiempo. Akbar Hashemi Rafsanjani: Un arma nuclear “aniquilaría todo Israel”.

En Teherán, incluso, existe un reloj en un espacio público que cuenta el tiempo restante para la desaparición de Israel. Un símbolo difícilmente compatible con la idea de un Estado pacífico.

La amenaza nuclear

En este contexto, el desarrollo del programa nuclear iraní no puede interpretarse como una mera apuesta energética. Mientras que el uso civil del uranio requiere niveles de enriquecimiento relativamente bajos-5%-, los datos disponibles indican que Irán se aproxima a niveles propios de uso militar-60%-, acumulando además cantidades significativas en instalaciones fuertemente protegidas como Natanz o Fordow.

Todo ello refuerza la percepción racional de que no estamos ante un programa estrictamente pacífico.

Y todo ello frente al único estado democrático y realmente civilizado de Oriente Medio como es Israel que desde finales de los años sesenta dispone además de lo que las FDI israelíes denominan la “triada nuclear” constituida por mas de noventa ojivas nucleares montadas en submarinos, misiles terrestres y aviones de combate de los que el estado israelí nunca hace mención ni con los que realiza amenaza alguna a sus vecinos.  Me comentaba un exmilitar israelí que si un país amenazase realmente la existencia de Israel tardaría poco más de una hora en ser “tan solo ceniza”.

El concepto de legalidad internacional

Ante una situación así, conviene reflexionar sobre el concepto de legalidad internacional. El derecho a la autodefensa está reconocido para los Estados, especialmente cuando existe una amenaza real y sostenida.

El artículo 51 de la Carta de la ONU reconoce ese derecho a la autodefensa cuando un Estado es objeto de un ataque armado. Tras los atentados del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad (resoluciones 1368 y 1373) amplió la interpretación de este derecho al incluir ataques cometidos por grupos no estatales apoyados por otro Estado. Bajo esta doctrina, actuar contra un Estado patrocinador de terrorismo no constituye “agresión”, sino legítima autodefensa.

En ese marco, la respuesta preventiva puede entenderse no como una agresión, sino como una forma de legítima defensa. Este tipo de actuaciones se llevaron adelante en Afganistán (2001), en Libia (2011) y en la antigua Yugoslavia (1999) sin autorizaciones expresas de organismo alguno. La práctica totalidad de los países, incluida España, hoy críticos las respaldaron.

Israel está amenazado y actúa para defenderse.

Conclusión

Para concluir y entenderlo mejor bastaría con trasladar la situación a nuestro entorno. ¿Qué haría un Gobierno español si durante años otro país proclamase abiertamente su intención de destruir nuestro país, instalase símbolos públicos poniendo fecha y celebrando ese objetivo y, al mismo tiempo, desarrollase capacidades nucleares con potencial alcance sobre nuestro territorio?

La respuesta parece evidente: cualquier dirigente con sentido de la responsabilidad actuaría para neutralizar la amenaza con la mayor rapidez posible. Suponiendo, eso si, que tuviésemos a ese presidente y unas fuerzas armadas operativas lo que no es el caso pues las nuestras son hoy una ONG igualitaria y transgénero que para poco o nada sirven.

Y eso es, en esencia, lo que está haciendo Israel. Y lo hace, además, contando con el respaldo —interesado, como siempre ocurre en política internacional— de sus aliados norteamericanos y árabes.  Podrán discutirse pues en este caso la oportunidad, las formas o sus consecuencias porque estado de Israel, como en todas las guerras que le fueron impuestas, además de destruir por completo a sus enemigos por muchos años está también en esta ocasión aprovechando para incrementar su territorio nacional en más de 8640 kilómetros cuadrados -Cisjordania, Altos del Golan y Líbano sur- es decir un 35%, del total que tenía hace dos años. Los judíos nunca se olvidan de la cartera.

Pero hacen lo que haríamos todos los que tuvieran el valor, el cariño a su país, los medios y la determinación que ellos tienen.

Aunque a Pedro Sánchez no le guste ni les haya concedido la licencia.