Tras la aprobación, por parte de la Comisión Europea, del Programa de Transición Justa de España, Galicia ya tiene vía libre para repartir los 111,3 millones de euros del fondo comunitario para respaldar a las zonas afectadas por el fin del carbón. El 96 % de esos recursos adscritos al Fondo de Transición Justa serán gestionados por la Xunta, mientras que el otro 4 % restante, por el Gobierno central, que sostiene que, la provincia —en donde se encuentran las dos áreas implicadas, As Pontes y Meirama— consumirá casi el 13 % del montante estatal destinado para tal fin.

Valentín González Formoso, alcalde pontés, presidente de la Diputación y líder de los socialistas gallegos, aseguró este jueves que con ese hito se cierra «cun trato xusto» un proceso a esas dos áreas geográficas «que levan aportados nos últimos cincuenta anos unha boa parte dos seus territorios, con expropiacións e con traslados de poboación» para la generación de energía eléctrica. En este sentido, recordó que en la villa pontesa se extrajeron los últimos cincuenta años 400 millones de toneladas de carbón, y 200 en Meirama.

Pese a su indiscutible carácter minero, ambas áreas estuvieron a punto de quedarse excluidas de los fondos comunitarios, al llevar desde el 2007 con su actividad extractiva paralizada. Tanto González Formoso como el eurodiputado socialista Nicolás González Casares resaltaron el trabajo realizado en los últimos años para impedir ese agravio. El regidor agradeció especialmente las gestiones realizadas por el Ministerio de Transición Ecológica para, no solo lograr que Galicia pudiese beneficiarse de estos fondos, sino que As Pontes mantuviese esa opción pese a que Endesa no cuenta aún con la autorización total del cierre de la central térmica de ese municipio.

Por otro lado, también recordó que la propuesta inicial de la Unión Europea era conceder a España 200 millones para amparar actuaciones de transición justa, pero finalmente serán 868, que serán distribuidos en seis comunidades autónomas: Castilla y León —en donde recaerá la mayor parte de los fondos—, Aragón, Asturias, Andalucía e Islas Baleares, además de Galicia.

González Formoso considera que la provincia coruñesa se enfrenta a un cambio de ciclo. «Onte aprobouse un mecanismo de xustiza, que fala de futuro, que estaban esperando moitos proxectos tractores que contan con esa axuda para ser realidade», afirmó, para cuantificar en cerca de 2.000 los empleos que se pondrán en marcha al amparo de esos incentivos. Plantas de producción de hidrógeno impulsadas por Reganosa y Naturgy, o la factoría de fabricación de neumáticos del grupo chino Sentury Tire son algunas de las inversiones que desembarcan en la provincia con la descarbonización de la economía. «Temos un cambio de ciclo, no cal os territorios de As Pontes e Cerceda temos que continuar sendo protagonistas na xeración e transición enerxética que xa está iniciada e acelerada por culpa de Putin», incidió el alcalde pontés.

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Por otro lado, subrayó que, para impulsar la transformación en positivo de las áreas en descarbonización, el Gobierno central acaba de aprobar otro paquete de ayudas por valor de 50 millones de euros para los municipios incluidos en los convenios de transición justa —19 en Galicia— destinado a apoyar proyectos empresariales generadores de empleo, que bonificará la contratación de las personas inscritas en las bolsas de trabajo del Instituto de Transición Justa.

El eurodiputado Nicolás González también recordó el trabajo intenso que se llevó a cabo en el ámbito comunitario a partir del 2019 para que se tuviese en cuenta la peculiaridad galaica: no producía carbón pero continuaba usándolo para generar energía. Ahora, además de los fondos de transición justa, los territorios en transición también cuentan con beneficios en otras líneas de incentivos y fondos. «A partires de agora se abren as portas tamén a outros mecanismos con maior intensidade» y citó como ejemplo que «as plantas de biomasa terán máis beneficios se están en zona de transición xusta que se non o están».

 

LA VOZ DE GALICIA