Galicia representa apenas el 5,5 % de la población española y ocupa el 5,85 % del territorio nacional. Y, sin embargo, concentra la mitad de los núcleos de población de todo el país: más de dieciocho mil. Este fenómeno, conocido como hábitat disperso, no es una mera curiosidad geográfica. Ha definido durante siglos nuestra forma de vida, nuestra economía, nuestros vínculos sociales y hasta nuestro carácter: colaborativo en lo cotidiano, pero profundamente individualista y celoso de su libertad.

Esa dispersión del asentamiento, vista por algunos como un obstáculo, ha sido en realidad el secreto de la supervivencia del pueblo gallego. Ha permitido una relación estrecha con la tierra —escasa, sí, pero suficiente—, a la que se ha cuidado y valorado como fuente de vida y riqueza.

Con el paso del tiempo, sin embargo, esa Galicia rural ha sido objeto de una ofensiva silenciosa pero constante. Bajo la bandera del ecologismo más extremo y amparada en una legislación cada vez más ajena a la realidad del campo, se ha empujado a generaciones enteras fuera de sus tierras, convirtiendo aldeas vivas en reservas abandonadas.

De la ley al abandono

La planificación urbana moderna, nacida tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó siendo respetuosa con el derecho de propiedad. Tanto en el Reino Unido como en Francia o Italia, las leyes reconocían que planificar sobre una finca requería, primero, compensar al propietario si se le perjudicaba en su uso tradicional.

También lo recogía la Constitución Española de 1978, que protege la propiedad privada y prohíbe expropiaciones sin causa justificada e indemnización previa. En Galicia, durante años se respetó ese principio básico: se establecieron superficies mínimas para construir en suelo rural, pero no se prohibió vivir en el campo ni se limitaron sus usos.

Todo cambió con la Ley 9/2002 del Suelo de Galicia y la legislación que la siguió- publicada casi de forma silenciosa a finales de ese año-esta norma marcó un antes y un después prohibiendo la libre construcción en el medio rural y poniendo trabas casi insalvables a las viviendas ya existentes.

¿El resultado? El campo gallego perdió su valor como espacio de vida. Las propiedades dejaron de tener utilidad urbanística, y los jóvenes tuvieron que marcharse a las ciudades. El patrimonio del campesinado se desplomó, los cultivos y las ferias tradicionales desaparecieron, y el bosque humanizado comenzó a transformarse en una selva incontrolada.

Para mayor desconcierto, desde las propias administraciones se promovió la introducción de fauna salvaje —algunos animales nunca antes vistos en Galicia—, que goza ahora de más protección que las propias personas que viven en el campo. Hoy es más fácil aquí abortar o cambiar de sexo que cortar un árbol plantado por nuestros abuelos.

Controlar al rural, castigar su forma de vida

Para hacer cumplir estas nuevas reglas, se creó en 2008 la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, un organismo con poder represivo que ha promovido más de 1.800 demoliciones, prácticamente todas en suelo rústico. Mientras tanto, el mundo rural, tradicionalmente votante del Partido Popular, fue abandonado a su suerte, como si se tratara de un pueblo exótico a conservar como testimonio cultural vivo.

Galicia se ha convertido así en una reserva indígena para gallegos. Un territorio donde se castiga vivir como se vivió siempre, y donde se protege más la maleza y el jabalí que a las familias que aún resisten.

¿Qué hacer?

La situación no es irreversible, pero exige valentía política y un cambio de rumbo decidido. Cinco habrán de ser las líneas de actuación para recuperar la dignidad y la vitalidad del campo gallego:

 

  1. Recuperar el hábitat disperso derogando toda la legislación que se fundamentó y desarrollo la Ley del Suelo de 2002 y aprobando una nueva normativa que facilite el asentamiento rural y la convivencia de vivienda, agricultura y bosque.

  2. Proteger la propiedad privada rechazando toda normativa urbanística o medioambiental que imponga restricciones sin compensar previamente a los propietarios afectados.

  3. Fomentar la autosuficiencia rural, con apoyo económico para viviendas y explotaciones agrícolas o forestales, promoviendo el uso de energías limpias como la leña o las minicentrales hidroeléctricas hoy abandonadas.

  4. Revitalizar la economía local, incentivando pequeños talleres artesanales y explotaciones familiares de autoconsumo, con la recuperación de las ferias tradicionales como espacios de intercambio.

  5. Controlar la fauna salvaje, limitando su presencia al acuerdo explícito de los propietarios de las tierras afectadas, y bajo condiciones estrictamente reguladas.

 

Galicia merece algo mejor

Estas propuestas no buscan volver al pasado, sino rescatar lo mejor de nuestra tradición para construir un futuro rural viable, libre y digno.

Galicia no puede seguir siendo una postal pintoresca para el turismo o un laboratorio ecológico al servicio de otros. Tiene que volver a ser una tierra viva, con gente, con niños, con animales, con huertas, con oficios, con futuro.

Porque Galicia no es una reserva sino un pueblo que quiere volver a serlo.