Nunca creí en la llamada transición justa. No la creí necesaria, ni justa, ni honesta. Y menos aún en un pueblo, en una autonomía y en un país cuya incidencia real en el clima global —si es que ese fenómeno existe tal y como se nos presenta y si somos los humanos sus responsables últimos— resulta irrelevante incluso aceptando sin discusión ese relato.

Por eso jamás habría acudido al acto convocado por la Xunta de Galicia en la Casa Dopeso sobre los fondos de transición justa, con anuncio incluido de la presencia del presidente Alfonso Rueda, de no ser porque se presentaba como una oportunidad inmejorable para expresar públicamente nuestro rechazo a las demoliciones emprendidas por Endesa y, muy en particular, al inicio del derribo del Parque de Carbones el pasado 27 de enero.

Tras el pleno extraordinario del jueves —centrado en la carta de Valentín a la Xunta solicitando la paralización de esas demoliciones— decidimos, desde la Plataforma para a Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes, acudir de forma simbólica. Lo haríamos exponiendo fotografías del Parque de Carbones, sabiendo que lo más probable era que se nos negara la palabra y quizá incluso la entrada. Si no podíamos hablar, al menos haríamos visible el verdadero problema que hoy padece la villa.

A la salida del pleno, Francisco Dasilva nos advirtió de que al acto solo se podía acceder con invitación y que estas se habían remitido únicamente a algunos empresarios locales. Todo apuntaba, como sospechábamos, a un acto cerrado, selectivo y perfectamente filtrado. Manifesté entonces que ese proceder vulneraba la legalidad en un edificio público y que yo asistiría o, cuando menos, exigiría explicaciones a quien intentara impedírmelo.

Por precaución —y porque uno aprende con los años— recopilé la base legal y la jurisprudencia existente sobre el derecho de admisión en locales de titularidad pública. La conclusión es clara: si el acto es público, se celebra en un edificio público, hay aforo disponible y no concurren razones objetivas, no se puede impedir la entrada por motivos ideológicos ni por resultar “incómodo”. Y mucho menos si el tema es de interés general. Hacerlo vulnera la legalidad. Preparé un pequeño informe y guardé una copia en el bolsillo.

A las once y media, media hora antes del inicio del acto, los miembros de la Plataforma nos reunimos en el Medulio. Repartimos los carteles con la imagen del Parque de Carbones y, en un ambiente ya cargado por la presencia de policía nacional y guardia civil, nos dirigimos a la Casa Dopeso, en cuya barandilla frontal comenzamos a colocar una pancarta en defensa del patrimonio industrial de As Pontes.

De inmediato se acercó un agente de la policía nacional para indicarnos que no podíamos colocarla en la barandilla frente al edificio y que debíamos trasladarnos a la acera de enfrente, donde miembros de la CIG portaban otra pancarta con el lema “Non é transición, é demolición”. Inicié un diálogo para que se me explicara el motivo: supuestamente, dificultábamos el acceso de las autoridades. Le señalé lo obviamente infundado del argumento y, sin más explicaciones, el agente se retiró, permitiéndonos completar la colocación de la pancarta.

Instantes después, otro agente el que se encontraba en la puerta se acercó para decirnos que no obstruyéramos la entrada y que nos colocásemos con los manifestantes de enfrente. Le respondí que no íbamos a manifestarnos, sino a asistir al acto. Me preguntó si estaba invitado. Le expliqué que no era necesario: se trataba de un acto público, organizado por la administración, en un local público y sobre un asunto que afecta de forma directa a todos los vecinos de As Pontes por lo que impedirnos el acceso sería ilegal. Añadí que, si alguien había dado esa orden, quería hablar con esa persona.

El agente, visiblemente sorprendido, me pidió que esperara y entró en el edificio. Al poco regresó acompañado de una mujer con una carpeta y una lista —supongo que de asistentes “autorizados”–. Le expuse brevemente nuestra posición, ampliándola con los derechos constitucionales que se vulneraban si se nos impedía el acceso. Sus respuestas, pobres y vacías, dejaban claro que de derecho sabía poco o nada. Le pedí entonces que me indicara quién había tomado la decisión, advirtiéndole además de que contaba con un informe del secretario del ayuntamiento que acreditaba nuestro derecho de acceso, y mostrándole el que yo mismo había elaborado el día anterior. Lo del secretario se lo añadí para darle mayor credibilidad al argumento. Y funcionó.

Al igual que el policía anterior, desapareció sin decir palabra hacia el interior.

En ese momento apareció Ana Pena, que con la cabeza agachada y a la vista del ambiente entró sin más en la Casa Dopeso. Le pregunté si solo podían pasar los que venían a aplaudir, pero estaba claro que Ana no tenía el menor interés en verme ni escucharme.

Segundos después apareció Valentín. A este no lo dejamos escapar y lo abordamos directamente en la entrada. Le expusimos la situación y entrando se mostró decidido a resolverla. No pasó ni un minuto cuando regresó con la mujer de la carpeta para decirnos que podían entrar tres. Entramos todos.

El interior del edificio dejaba al descubierto el exceso de celo —y la ilegalidad— del control de acceso. Un aparatoso montaje de luces y escenario, supongo que financiado con la “transición justa” de As Pontes, y ningún misterio en cuanto al público: cargos de las consellerías, personal de acompañamiento, periodistas y veinte o veinticinco comensales perfectamente seleccionados. Alcaldes de municipios limítrofes —a los que poco que les den les parecerá mucho, dado lo poco que ellos perdieron— y los siete u ocho empresarios habituales en estos saraos, muchos de ellos firmantes del derribo de la chimenea. Todos sin excepción dispuestos tirar lo que haga falta y a repartirse los despojos del cadáver industrial de As Pontes.

En el escenario, tres empresas asentadas desde hace décadas en Penapurreira: Acebrón, representada por una mujer de la familia; Delicias Coruña, por un hombre con llamativos calcetines a cuadros; y una empresa de mobiliario de oficina hasta entonces desconocida para mí, representada por una joven visiblemente incómoda ante el micrófono.

Como era de esperar, las tres intervinieron con entusiasmo. Reconocieron haber recibido cuantiosas subvenciones durante más de veinte años y confiaban en que la transición justa les permitiera ahora obtenerlas en mayor cantidad y con mayor rapidez. Todo encajaba. Todos encantados de haberse conocido. Salvo por los calcetines del de las empanadas, la escenografía era impecable.

Pero la pregunta es inevitable: ¿qué carallo de transición, ni justa ni injusta, consiste en regar con dinero público a empresas que ya estaban instaladas y subvencionadas desde hace décadas, mientras se consuma el cierre antisocial y demagógico de una de las mayores instalaciones de producción energética de Europa?

No hacen falta más explicaciones.

El acto —la actuación, más bien— lo cerró Valentín anunciando que se repartirían cuarenta millones de euros, elogiando sin explicar por qué a la Conselleira de Industria. No había turno de palabra, pero sorprendentemente —y es de agradecer— se nos concedió a los miembros de la Plataforma. Que éramos los raros del evento.

Intervine brevemente para explicar el motivo de nuestra presencia y para recordar que difícilmente puede haber una transición más justa que dar nuevos usos a unas infraestructuras industriales excepcionales como las que aún conserva As Pontes.

Salimos del edificio flanqueados por azafatas sonrientes y agentes de la policía nacional menos sonrientes, pero con la convicción de que, pese a lo dicho por Valentín, este es un pésimo momento para As Pontes. Y eso sí con la amarga certeza de que allí no se había venido para hablar de futuro, sino de cómo devorar, a toda prisa, los despojos de nuestro pasado industrial.