Primero pararon los transportistas del carbón. Después les tocó a ellos, los trabajadores de las auxiliares. Sumaban alrededor de 80 en el momento en el que se desconectó el gran gigante, en octubre de 2023. La central de As Pontes llevaba 47 años engullendo carbón. Pero el coloso, que con sus 1.400 megavatios se había convertido en el mayor generador de electricidad de España, se apagó para siempre.
La plantilla directa fue recolocada —gran parte de los trabajadores de Endesa tuvieron que desplazarse a muchos kilómetros— y la mayoría de los empleados de las auxiliares se quedaron sin trabajo un par de meses después. Tras cuatro años de luchas y movilizaciones, desde que en 2019 Endesa lanzó la bomba de cerrar tras hacer una inversión multimillonaria, la transición justa que tanto reclamaron tras las pancartas no llegó, al menos por el momento.
Tras el predesmantelamiento, en las obras del desmontaje de la central, que realiza la vizcaína Lezama y que alcanzan el 14%, se cuentan con los dedos de una mano los trabajadores de las auxiliares. Tuvieron posibilidades más, pero ven barreras en las condiciones del trabajo —muy físico— y en las de contratación —con menos categoría y menos base de cotización, lo que repercutiría en sus jubilaciones—.
Fernando Galego: «Nos dejaron a la deriva»
«A los que estuvimos dando más la lata nos dejaron a la deriva. Pasaron de nosotros, nos engañaron vilmente a todos», dice Fernando Galego. Extrabajador de Maesa, era representante de CC.OO., sindicato del que se desvinculó. No fue el único. Quedaron descontentos de todas las siglas.
«Llevamos dos años buscándonos la vida. Lo único que nos ofrecen es algún curso de formación y ni siquiera te sufragan el desplazamiento estando sin trabajo», dice. En otros casos critican que muchos no llegaron ni a hacerse.
En su empresa hubo liquidaciones, pero con 51 años le queda un largo recorrido hasta la jubilación. En este tiempo ya trabajó en refinerías en Puertollano y en Bilbao, en Tarragona y en una empresa de eólica marina en Narón. «Ahora, por motivos personales, estoy en el paro», dice, pero no tiene miedo a no conseguir trabajo: «La edad no es un hándicap, somo profesionales con mucha base, pero hay que estar dispuesto a moverse».
Celso Barro: «Sabía que as compañías iamos pagar o pato»
Frente a la central, Celso Barro, hasta hace poco muy implicado en la CIG, es uno de los alumnos del obradoiro de empleo de jardinería. «Seleccionáronme na oficina de emprego e despois chamáronme de Lezama, pero o que me ofrecían non me compensaba. Tamén me baixa aquí a base de cotización pero polo menos aprendo outro oficio«, indica. Tiene 59 años y le quedan cuatro para jubilarse.
«Sempre tiven a mosca detrás da orella e estaba convencido de que as compañías iamos pagar o pato. Quizais nos fiamos un pouco da incorporación en novos proxectos e a transición xusta que se anunciaba», valora. «Pero vivimos outra cousa: pechou unha empresa e fomos ao paro. Nada de transición e menos xusta», dice.
Otros prefieren no hablar si no es de forma anónima por «no cerrar puertas». «Nos dejaron tirados. Mucha promesa, mucho proyecto, pero nada», y recuerdan aquellos intentos por darle una segunda vida a la central, cuando «tiñan a chave das noces e empezaron a sacar coellos da chisteira» y se habló de lodos o de biomasa.
Gonzalo Romero: «La incertidumbre era total»
«La incertidumbre era total. En una misma mañana te decían que cerraba o que se quedaba la mitad», dice Gonzalo Romero, el que fue encargado de Jofrasa, que reconoce que sintió «alivio» cuando llegó el fin tras tanto estrés.
«Mi empresa dijo que era caro para irme fuera y decidí salirme. Nos indemnizaron pero no te soluciona la vida», dice. A sus 54 años, tras intentarlo como autónomo acaba de encontrar trabajo en Sorigué, en As Somozas. «Tengo que agradecerles, me han reconocido mi categoría. Pero no le debo nada a nadie, me busqué yo la vida», relata. «Me llamaron de Lezama en agosto y les dije que me interesaba, y no me volvieron a llamar», critica. «Aquí no hubo transición justa, solo le puedo agradecer a LHH —una de las empresas de formación— que todos los meses me llamaba», concluye.
Como él hay gente trabajando en As Somozas, en Ferrol —alguno está en Navantia o en el puerto—, y solo unos pocos están en As Pontes.
Pablo Fernández: «Todo el mundo se tuvo que buscar la vida»
Pablo Fernández, de Ideso, es el único superviviente de las auxiliares en la central. «La empresa lleva la gestión del almacén y estuvimos preparando materiales para otras centrales. Desde abril estoy solo y en octubre acabamos», dice, mientras mira al futuro con incertidumbre: «Aquí todo el mundo se tuvo que buscar la vida».
Ayudas que no llegan y proyectos en espera
Bajo la sombra de una chimenea que se tambalea —la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial lucha para que no la derriben y logró que se incoara por segunda vez el expediente para ser BIC—, la incertidumbre es el sentimiento general.
Hay algunas empresas nuevas en los polígonos, pero de los proyectos anunciados por la transición justa aún no hay ninguno asentado. Ence es el que más ha avanzado tras lograr la declaración de impacto ambiental de la Xunta. Antes, desde la dirección ya habían anunciado que seguían adelante pese a no lograr los fondos del Perte. El proyecto del valle del hidrógeno de H2Pole se quedó antes sin ayudas, pero consiguió 15 millones del programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable, como Universal Kraft.
De las aportaciones de Transición Justa dependientes del Estado, As Pontes recibió 500.000 euros para la central logística —había dos proyectos más que no salieron adelante— y acaba de lograr 1,5 millones para restaurar una antigua rotopala y su entorno.
En la convocatoria para empresas —ahora se abre la segunda—, se consiguieron 1,2 millones para Prometal, Hormigones Bergantiños, PSI, Nortegal y para la residencia de A Magdalena.
En los juzgados
De los fondos que gestiona la Xunta, As Pontes no ha recibido nada y el Concello, al igual que otros afectados, ha judicializado las convocatorias. «Siempre pongo el ejemplo de la Dana. Es como si Europa manda fondos y después se invierten en Asturias. Esto son ayudas para recuperar económicamente una zona que sufre y no puede ser que vayan para A Coruña, Santiago u Oleiros, que no están afectados por el cierre de centrales», dice Valentín González Formoso.
Las demandas están a la espera de si son admitidas a trámite. «El Ministerio gestiona el 3% y la Xunta un 97% de los fondos», remarca el alcalde, que recuerda que se han consignado 111 millones.
EL PROGRESO
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