Endesa ha decidido prorrogar hasta finales de septiembre los contratos con las empresas auxiliares que operan actualmente en la central térmica de As Pontes, «una decena», según estimaciones de los sindicatos, y cuya vigencia finalizaba el pasado 31 de julio.
En caso contrario, todo indica que el Gobierno central -la ministra Teresa Ribera ya se pronunció públicamente hace unos días descartando «en principio» su reactivación, salvo que se produjese una «acumulación de catástrofes e imprevistos», dijo- concederá, después de varias idas y venidas y años de lucha exigiendo una transición justa, el cierre definitivo de la última central térmica que Endesa mantiene operativa en la Península.
Actualmente, hay en torno a un centenar de trabajadores «fluctuantes» de las compañías auxiliares y «42» de personal propio -la treintena de empleados que llegó de refuerzo hace meses ya fue trasladada a principios de julio a sus respectivos destinos- que se encargan de diferentes labores de mantenimiento dentro de la instalación.
Lo que ha quedado en «stand by también a la espera del informe de Red Eléctrica«, según han confirmado desde los sindicatos, son las labores de predesmantelamiento que ya se habían iniciado.
En este sentido, los representantes de los trabajadores explican que todos los procesos que se han ido realizando en el interior de la factoría encaminados a esa futura demolición, y que han quedado paralizados ante este nuevo escenario, son «reversibles».
MÁS PERSONAL. Aunque el sentir de la mayoría de los implicados en este proceso va encaminado más a un posible cierre definitivo que a una reactivación, desde los sindicatos se adelantan a los diferentes escenarios posibles y exigen «más personal» en caso de que vuelva a operar.
Así, aseguran que durante los últimos tiempos el trabajo fue «precario» y que los empleados tuvieron que hacer «muchas horas y un esfuerzo importante», por lo que si se retoma la actividad «habrá que darle otra vuelta», piden, recordando que en juego está el futuro de «muchas familias», por lo que exigen que las decisiones no se tomen «a la ligera».
EL PROGRESO
Deja tu comentario