Trabajadores y trabajadoras de la central térmica de las Pontes trasladaron este viernes a las protestas en demanda de una transición justa y garantías de empleo hasta la Delegación del Gobierno en A Coruña, de donde salieron en manifestación hasta el edificio de la Subdelegación para mantener una reunión con la responsable de esta administración. La protesta contó con el apoyo del personal de la planta de Gamesa en As Somozas y de Alu Ibérica de A Coruña.

E secretario nacional de la CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi recordó que el Gobierno tiene que emitir un informe sobre el cese de actividad de la central “y hoy venimos aquí para conocer en que estado se encuentra el expediente, los términos en los que va la resolución y si ya fueron elaborados los informes que tienen que presentar la Subdelegación y Red Eléctrica Española”. Sobre este punto, la subdelegada se comprometió a entregar estos documentos en el gabinete técnico del próximo martes.

Bouzas Aboi también reclamó a la subdelegada del Gobierno que, en la actual situación de ausencia de garantías e indefinición de alternativas, se paralice el proceso de cierre y desmantelamiento de la central. “Seguimos apostando por el mantenimiento de los puestos de trabajo tanto en la principal como en las auxiliares mientras se lleva adelante este proceso de transición. Y por eso, dada a premura de los plazos que se manejan, queremos saber cuáles son proyectos para As Pontes por parte de la Xunta, del Estado y del Ayuntamiento”.

Subraya que el Ayuntamiento de las Pontes sí dio a conocer sus 88 proyectos “que encajarían perfectamente dentro de los requisitos para acceder los fondos de la UE. Pero seguimos sin saber nada de los 108 proyectos que anunció la Xunta y si alguno va para As Pontes, y por supuesto también desconocemos cuáles son las alternativas que formula el Gobierno español para la localidad”.

El responsable de Industria de la CIG alertó de que “tenemos menos de 100 días para conocer estos proyectos y como se traducen económicamente, ya que los van a desarrollar empresas con las aportaciones de los fondos europeos y precisan de un control institucional”. En este sentido, instó a los Gobiernos a “posicionarse políticamente” a favor de la reindustrialización de la comarca, garantizando que los proyectos sean destinados a los ayuntamientos donde cierran las centrales “y sean proyectos de futuro capaces de asentar industria y población en el territorio afectado”.

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