En los últimos años, y particularmente desde el Gobierno del expresidente aficionado a las joyas regaladas y acostumbrado a dar mucho teniendo muy poco, se ha ido instalando en nuestra sociedad un comportamiento represivo hacia quienes no siguen las pautas de conducta que algunos consideran las únicas aceptables.

 

Lo políticamente correcto.

Hace un tiempo, al describir el panorama social de As Pontes a principios de los años setenta, recordaba cómo, tras la implantación de Endesa y el crecimiento de la explotación minera, la llegada masiva de muchachos jóvenes fue de tal magnitud en la villa que hasta las chicas menos atractivas de la localidad —que en circunstancias normales habrían permanecido solteras— terminaron casándose. Lo conté en tono humorístico, diciendo que en As Pontes se había acabado el «pescado» y que habían pasado por el altar incluso las que «no se las comían ni los lobos».

Naturalmente, en aquel artículo no aparecía ningún nombre ni referencia que permitiera identificar a persona alguna. Nadie podía sentirse aludido de forma directa y, quienes hipotéticamente pudieran haberlo estado, hicieron lo que parecía más razonable: guardar silencio.

Sin embargo, para mi sorpresa, aquello provocó una airada y pública respuesta de una persona que nunca debiera sentirse afectada—lesbiana según se definió ella misma—, secundada por un pequeño grupo de «charos» modernas de la villa y por varias asociaciones feministas de distintas localidades. Afortunadamente, el conflicto terminó pronto. Bastó una única contestación por mi parte para que el debate se extinguiera, probablemente porque la convicción y la base intelectual de mis detractoras no daban para mucho más.

Fue entonces cuando comprobé que, una vez más, no me encontraba del lado de lo políticamente correcto y, sobre todo, que había quienes estaban decididos a no consentir que alguien se apartara del pensamiento dominante.

Otra de las ocurrencias de estos últimos años fue también la instauración de los minutos de silencio exclusivamente para los casos de violencia mortal contra las mujeres. El minuto de silencio ante una desgracia constituye una costumbre extendida y representa una muestra de sensibilidad, respeto y solidaridad con las víctimas; como tal, me parece una buena práctica. Lo aberrante, ridículo e injusto es reservar ese gesto únicamente para un determinado tipo de víctimas, las mujeres, olvidándose de los ancianos, de los niños y, por supuesto, también de los hombres.

Hasta hace poco —ahora parece que se olvidaron del asunto— era habitual que, a las doce de la mañana, un grupo de concejales, funcionarios y algún «feministo» en pesca de arrastre bajaran a la puerta del Ayuntamiento para permanecer inmóviles, con los brazos cruzados, el rostro serio y la mirada pendiente del reloj, pretendiendo demostrarnos a todos que la muerte de una mujer en Sabadell les conmovía profundamente. Al terminar el minuto, incluso se aplaudían entre ellos, quizá para dejar claro a los pocos curiosos presentes que estaban orgullosos de sí mismos y que la cosa les dolía de cojones.

En una de aquellas ocasiones me encontré, parada en los jardines, a Ángela Buján-ya entonces una anciana- muy conocida en Campo de la Feria. Al verme pasar me preguntó qué hacían aquellas personas allí, calladas y de pie. Se lo expliqué y, después de escucharme con atención, me miró sorprendida y sentenció en voz alta mirándolos:

—¡Se fórades traballar!

En realidad, aquella sencilla frase resumía bastante bien lo que pensaba la mayoría de los vecinos.

A día de hoy han asesinado a 29 mujeres por violencia de género (a manos de sus parejas o exparejas) en España; ¿por qué no se han guardado los minutos de silencio correspondientes? Creo que todos sabemos la respuesta.

Desde hace unos años también asistimos, especialmente en los campos de fútbol, a un espectáculo parecido. Se escandaliza el personal cuando a un negro le llaman negro o cuando, en cualquier otra circunstancia, a un homosexual le llaman maricón. Incluso puede clausurarse temporalmente el propio estadio. Lo que si se puede decir y se dice sin que pase nada es “puta España” eso forma parte de la libertad de expresión. Para mí la cosa esta clara: insultar es una cuestión de educación y lo mejor es pasar, pero quien se ofende por una realidad objetiva que le afecta tiene, a mi juicio, un problema en su propia cabeza.

Recuerdo que, cuando hacía las Milicias Universitarias en Monte la Reina, tras un conflicto un fin de semana de permiso en Medina del Campo en el que junto con otros tres universitarios también gallegos  terminamos a palos con  varios vecinos del pueblo cuando estos abandonaban la cafetería, doloridos y desde una prudente distancia se pusieron a gritar : «¡gallegos de mierda!». Aquellas palabras no me ofendieron en absoluto. Quien está conforme con su origen, con su raza o con su condición sexual no necesita ni suele escandalizarse porque alguien se la recuerde.

Se ha acabado convirtiendo en delito de racismo o de violencia de genero lo que, en la mayoría de los casos, no pasa de ser un conflicto natural o una muestra de mala educación. El beso de Rubiales, una auténtica gañanada se mire por donde se mire, fue también un magnífico ejemplo de este desmadre ideológico instalado en nuestra sociedad.

En los últimos días hemos asistido igualmente al escándalo provocado por unas declaraciones de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, unas palabras que, en el fondo, expresaban una evidencia que cualquiera puede comprobar: hoy aquella selección parece más la de Camerún que la de la Francia de hace unas décadas. Ousmane Sonko, presidente del Parlamento senegalés, declaró antes del partido Francia – Senegal que, gane quien gane, África saldrá victoriosa. Evidenciado con orgullo que la mayoría de los jugadores de Francia eran de origen africano. Reconocer una realidad visible no constituye, por sí mismo, un acto de racismo. Sobre esa realidad podrán hacerse interpretaciones y valoraciones muy distintas, pero negar lo evidente -únicamente porque contradice el discurso dominante- no deja de ser otra manifestación de esa nueva censura social.

Otro de los mantras de nuestro tiempo es el del cambio climático, entendido no ya como un fenómeno cuya existencia, causas o consecuencias puedan ser objeto de debate científico, sino como un dogma incuestionable del que todos los seres humanos somos culpables. La situación ha llegado hasta el punto de que poner en duda la magnitud del fenómeno, cuestionar que su origen sea exclusivamente humano o discrepar sobre sus efectos basta para ser calificado de negacionista, fascista y casi de enemigo de la humanidad.

Y este asunto resulta especialmente sangrante en As Pontes.

 

El caso de As Pontes.

Nuestra villa ha sido una de las víctimas directas de ese fanatismo climático políticamente correcto. Más de mil personas han perdido su empleo y se han visto condenadas al paro o al abandono forzoso de su tierra. Todo ello mientras, desde el 24 de junio de 2022, fecha del cierre de la central térmica de As Pontes, se han construido en el mundo más de ciento ochenta centrales de carbón de tamaño similar —entre 600 y 1.400 megavatios— y el consumo mundial de este combustible ha aumentado un 8,2 %. Cerramos una instalación moderna, necesaria y que constituía uno de los mayores hitos industriales de Galicia y de España, mientras el resto del mundo seguía exactamente el camino contrario.

La realidad es que por razones puramente ideológicas se ha empobrecido deliberadamente una comarca liquidando uno de los principales símbolos industriales de Galicia y, para completar la humillación, se han destruido algunas de las infraestructuras industriales más singulares del mundo, como el Parque de Carbones. Supuestamente para contribuir a salvar el planeta.

Todo ello ocurrió por decisión expresa del PSOE, cuya ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había asumido ese compromiso en Bruselas. Contó, además, con la evidente y ya histórica complicidad del alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, que jamás pareció valorar las consecuencias de lo que estaba haciendo para su propio municipio. Tampoco encontró una oposición real en una Xunta de Galicia instalada desde hace años en un preocupante vacío ideológico, reflejo, a mi juicio, de la falta de rumbo que caracteriza al conjunto del Partido Popular.

En As Pontes, por tanto, la teoría del cambio climático difícilmente puede defenderse sin encontrar enfrente a alguno de los ochocientos ochenta camioneros que fueron arruinados por aquellas decisiones o a cualquiera de las familias que perdieron su modo de vida.

 

Vienen los chinos.

En otro ámbito, aunque como un ejemplo más de esa misma estupidez colectiva, asistimos estos días a la presentación de la posible instalación de una factoría de la empresa china SAIC entre Ferrol y As Pontes, anunciada como si se tratara de un gran acontecimiento para el futuro de la comarca.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Ferrol; el de As Pontes y varios representantes de la empresa —aparentemente chinos— posaban sonrientes para la prensa con un barco al fondo que acababa de desembarcar centenares de vehículos MG fabricados en China por la propia SAIC. Todos ellos aparecían alineados, con el pulgar levantado, tratando de transmitir a la opinión pública la imagen de un gran éxito industrial.

Sin embargo, por lo que hasta ahora se conoce del proyecto, la empresa pretende traer los automóviles completamente terminados desde China hasta el puerto de Ferrol y, para eludir los aranceles europeos, realizar allí determinadas operaciones de ensamblaje. As Pontes quedaría destinada a albergar un almacén logístico desde el que distribuir posteriormente los vehículos por el resto de Europa.

Lo primero que conviene señalar es que la iniciativa difícilmente puede considerarse una mala noticia para la comarca. Generará empleo y actividad económica, y eso siempre resulta positivo. Ahora bien, tampoco puede calificarse como una buena noticia para Galicia ni mucho menos para España, desde el momento en que esos automóviles incorporan un porcentaje prácticamente nulo de componentes fabricados en nuestro país y competirán directamente con los vehículos producidos por nuestra industria, cuyos componentes son aproximadamente un 65 % de origen español, un 20 % europeo y solo un 15 % procedente de terceros países.

Confieso que me gustaría conocer la opinión que merece este proyecto a los responsables de Stellantis en Vigo y qué piensan de los incentivos públicos concedidos a una empresa que competirá directamente con una de las principales industrias españolas.

Tampoco parece especialmente acertada la elección del puerto de Ferrol. Aun admitiendo que la inversión china llegue a generar riqueza —algo que todavía está por demostrar pues como dice Valentin “los chinos son chinos”—, el emplazamiento elegido presenta serias limitaciones. Se trata de un puerto de apenas ochenta y nueve hectáreas, muy inferior a los de A Coruña, con trescientas veintinueve, o Vigo, con doscientas cincuenta y siete, y cuya mayor parte de la superficie ya se encuentra ocupada, con escasas posibilidades reales de expansión. El proyecto, por tanto, no invita precisamente al optimismo.

Hay, además, un aspecto de esta operación que resulta especialmente difícil de comprender.

Después de haber destruido el Parque de Carbones, la segunda mayor superficie cubierta y diáfana del mundo —con el alcalde engañando a los vecinos y la Xunta forzando el criterio de la Consellería de Cultura para hacer posible su demolición—, ahora se anuncia que, para desarrollar este proyecto chino, las administraciones han adquirido con dinero público las naves de EINSA.

Resulta inevitable preguntarse por qué. La superficie útil de esas naves apenas representa la mitad de la que ofrecía el Parque de Carbones, una infraestructura que ya existía, que muy probablemente no habría costado un solo euro conservar y que, además de prestar un extraordinario servicio industrial, habría permanecido como uno de los grandes testimonios del patrimonio industrial de Galicia y de España.

Se destruyó, por tanto, un edificio único para acabar sustituyéndolo por otro más pequeño, menos funcional y adquirido con fondos públicos. Si alguien es capaz de encontrar lógica a semejante decisión, sería bueno que la explicara.

 

La fotografía.

Por eso creo que el asesor de imagen del presidente de la Xunta y el del alcalde de As Pontes se equivocaron al escoger aquella fotografía. No era la imagen de un éxito. Era, más bien, la representación gráfica de una política que primero cierra una industria necesaria y funcionando luego destruye un patrimonio industrial irrepetible y después pretende celebrar como un triunfo una solución objetivamente inferior.

Quizá por eso esa fotografía transmite una sensación muy distinta de la que sus protagonistas pretendían proyectar. Detrás de las sonrisas, de los pulgares levantados y de la escenografía cuidadosamente preparada, resulta difícil no percibir una contradicción evidente: se presenta como un gran logro un proyecto más que dudoso y que solo ha sido posible después de destruir unas instalaciones que habrían servido mucho mejor para ese mismo fin.

Los tiempos que vivimos están llenos de episodios semejantes. Se confunde la discrepancia con la incorrección, la propaganda con la realidad y el gesto con la eficacia. Se sustituye el debate por el señalamiento, la razón por el eslogan-fascista, progresista, racista, feminista- y el análisis por la adhesión incondicional al pensamiento dominante.

Y cuando una sociedad deja de premiar el sentido común para empezar a recompensar el conformismo, el comensalismo, la apariencia y el dogmatismo, corre el riesgo de convertir la estupidez en una virtud pública.

Eso es, precisamente, lo que creo que estamos viviendo.

Un auténtico elogio de la estupidez.