El tenso derribo de una presa en Teruel: La polémica desatada entre vecinos y ecologistas por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica

Cuando en 2017 se anunció que la concesión pública de la presa Los Toranes (sobre el río Mijares, en Teruel) a Iberdrola para su uso hidroeléctrico tocaba a su fin, muchos de los vecinos no le dieron mayor importancia. La central llevaba allí toda la vida, desde 1943, y no pensaron que el desenlace pudiera ser el derribo, asegura Federico Martín, alcalde socialista de Olba, uno de los municipios afectados, y favorable a que se mantenga la presa. Pero así lo decidió el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre del año pasado con informes sobre la mesa como el de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que sostiene que su mantenimiento es “contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico” y su rentabilidad “dudosa”.

La intensa polémica que se desató entre partidarios y detractores del derribo da una visión de los problemas que genera eliminar este tipo de infraestructuras, un paso que se considera fundamental para recuperar el buen estado ecológico de los ríos como marcan las directivas europeas. Incluso en comarcas como esta, de población escasa y sin grandes superficies de regadío, la oposición es férrea. La Asociación Ríos con Vida (AEMS) concreta que las barreras artificiales producen cambios físicoquímicos y rompen el curso ecológico de los ríos, alterando los flujos naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acuáticos como los peces, sobre todo en el escenario actual de cambio climático. “Esta presa ni siquiera cuenta con un paso para los peces”, critica César Rodríguez, vicepresidente de la asociación.

Olba es el municipio más afectado por la desaparición de las instalaciones debido a que algunos vecinos utilizan el caudal del canal de la central hidroeléctrica para regar varios huertos familiares, desde que en 1993 un derrumbe en la acequia del Diablo impide sacar el agua directamente del río. Los municipios de Albentosa y San Agustín también se han declarado en contra de la demolición. Y el Gobierno de Aragón intentó parar el derribo iniciando un expediente en mayo de este año para declarar las instalaciones bien de interés cultural. El intento fracasó porque se invadían competencias estatales, como les recordó la CHJ.

En cuanto al recurso interpuesto por Iberdrola, Hammerstein sostiene que lo que persigue la empresa es no pagar el precio de la demolición. Algo a lo que no se puede oponer Iberdrola, porque así lo recoge la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, remarca Pedro Brufau, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y experto en legislación de aguas.

“La decisión estaba tomada”

Javier Marín, vicepresidente de la Asociación Mijares Vivo, a favor de mantener la instalación en funcionamiento, aclara que esto no es un tema de “ecologistas contra no ecologistas, porque yo también soy ecologista”. Marín considera que el río goza de buena salud y que la demolición conllevará un impacto ambiental muy importante. Reprocha al Gobierno central la forma en la que se ha gestionado el proceso, porque aunque han hablado con ellos y han podido interponer alegaciones “la decisión ya estaba tomada y no se ha tenido en cuenta nuestra postura”. Se ha llegado a la determinación de tirar la presa “de cara a las políticas ambientales de la Unión Europea. Han debido de pensar: ‘Vamos a derribar esta instalación, que van a protestar cuatro”.

Marín opina que lo adecuado habría sido que el Estado se hubiera hecho cargo de la presa y de que la central continuara en marcha. “Porque es rentable a pesar de lo que se diga y esos beneficios podrían repercutir en mejorar el cauce”, indica. En cuanto a la falta de peces, asegura que la caída se ha producido desde el año 2009 y 2010, por lo que no se puede achacar a la presa, que ya llevaba muchos años construida.