El banco Santander accedió, finalmente, a reintegrarle los 5.175 euros a una joven de As Pontes que había sido víctima de un caso de phishing, un método con el que los estafadores logran que les compartan contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica. En este caso, la afectada, de 18 años, acababa de abrir una cuenta en el Santander, en la que tenía depositada su beca universitaria. Unos meses después recibió dos mensajes de correo de alguien que decía ser del servicio de atención al cliente de la citada entidad y con el logotipo de esta, en el que le comunicaban que tenían problemas para verificar la información de su tarjeta de crédito, por lo que la invitaban a corregirlo haciendo clic en un enlace y siguiendo las instrucciones, y así lo hizo. Pero al acceder a su cuenta a través del móvil descubrió de que con su tarjeta habían realizado disposiciones no autorizadas en un establecimiento de apuestas y en otros dos locales situados en Torremolinos y Málaga, por un montante de 5.175 euros. Al aparecer los dos primeros cargos solicitó la baja de la tarjeta y presentó una reclamación al banco, sin éxito, porque al día siguiente le llegaron los restantes.

En vista de la situación, la afectada presentó una denuncia en la Comisaría de Policía de Ferrol-Narón. El asunto llegó a los juzgados de Ferrol y, en la fase de conciliación, el banco se negó a devolverle el dinero, pero su abogado, Ignacio Meizoso, del despacho de As Pontes Raúl Meizoso Abogados, logró revertir la situación, bajo los argumentos de una clara responsabilidad de la entidad bancaria, que tendría que tener sistemas de seguridad capaces de detectar la sustracción de las claves de acceso y no permitir su utilización por terceros. Así, unas semanas antes del juicio, el Santander le reintegró los 5.175 euros y el acuerdo alcanzado entre las partes se plasmó en un auto judicial homologado, por el que el banco le abonó también los intereses devengados desde la fecha de la reclamación extrajudicial, además del 75 % de las costas procesales.

La Voz de Galicia