El párroco de As Pontes ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento con el empresario titular de la terraza situada junto a la iglesia. Lejos de apostar por el diálogo o por una solución consensuada que permita compatibilizar los distintos intereses en juego, el sacerdote ha optado por incrementar la presión y lanzar una advertencia de enorme trascendencia para la vida social y religiosa de la villa: la novena y la tradicional procesión del Carmen podrían no celebrarse si no se atienden sus exigencias respecto a la retirada de la terraza. Según palabras del párroco que publica un diario hoy :
“Advierte de que su continuidad pone en riesgo «la novena y la procesión [del Carmen, a partir de mediados de julio], con más de tres siglos de antigüedad”.
La amenaza no deja lugar a dudas. Después de meses de conflicto y pese a los intentos realizados por el empresario para contactar con el sacerdote y estudiar fórmulas que permitieran reubicar o adaptar la instalación de la manera menos perjudicial posible, la respuesta ha sido un endurecimiento de la postura mantenida hasta ahora.
Juan Pablo Alonso Rolle insiste en que el Concello debe actuar contra la actividad y recuerda las acciones judiciales emprendidas. Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones no es la defensa de sus argumentos jurídicos o administrativos, sino la utilización de unas celebraciones con más de tres siglos de historia como instrumento de presión dentro de una disputa que debería resolverse por la conciliación y el dialogo entre vecinos y mas siendo un sacerdote el protagonista.
Resulta difícil comprender que actos que pertenecen al patrimonio cultural, religioso y sentimental de generaciones de ponteses puedan quedar supeditados a la voluntad de una sola persona. La novena y la procesión forman parte de la identidad colectiva de As Pontes y no deberían convertirse en moneda de cambio ni en herramienta para forzar una determinada decisión política o administrativa.
Mientras tanto, la posición del Concello genera cada vez más incertidumbre. Si hace apenas dos semanas el alcalde transmitía al empresario que su situación era legal y que no tenía motivos para preocuparse, ahora diversas fuentes municipales solvente apuntan a que habría ordenado a la secretaria que buscase una fórmula para satisfacer -cuando menos parcialmente- las pretensiones del párroco mediante la elaboración de un nuevo informe.
Lo ocurrido plantea varias cuestiones de fondo: la primera es si las instituciones deben actuar conforme a criterios estrictamente legales y de interés general o si acabarán cediendo ante una estrategia basada en la presión pública y en la amenaza de privar a los vecinos de unas celebraciones que llevan más de trescientos años formando parte de la historia de As Pontes. Y la segunda es, como en el caso del cierre de Endesa y la destrucción de nuestro patrimonio, cual es el papel real en este caso del alcalde de As Pontes. Una autentica incógnita.
Resulta profundamente decepcionante que un conflicto que debería resolverse desde el diálogo, la serenidad y el respeto entre vecinos termine derivando en una advertencia que afecta directamente a una tradición de más de tres siglos.
La novena y la procesión del Carmen no pertenecen a una sola persona. Pertenecen a As Pontes, a su historia, a su memoria colectiva y a generaciones de vecinos que han mantenido viva esta celebración mucho antes de que existiera este conflicto concreto.
Por eso, condicionar su continuidad a la retirada de una terraza es, como mínimo, una actitud difícilmente comprensible. Más aún cuando quien adopta esa posición es precisamente un sacerdote, alguien de quien cabría esperar una labor de mediación, concordia y búsqueda de entendimiento, no una escalada pública de presión.
Nadie niega que el párroco pueda defender sus derechos, acudir a los cauces legales que considere oportunos o discrepar de la actuación del Concello o del empresario. Eso forma parte de un Estado de derecho. Pero utilizar una celebración religiosa y popular como elemento de presión en una disputa administrativa o vecinal es cruzar una línea que muchos vecinos no podemos compartir.
La fe, las tradiciones y el patrimonio sentimental de un pueblo no deberían convertirse en moneda de cambio. Si existe un problema legal, que se resuelva con informes, expedientes y decisiones ajustadas a derecho. Si existe un problema de convivencia, que se aborde con diálogo y voluntad real de acuerdo. Pero privar a As Pontes de una celebración histórica no puede presentarse como una solución razonable.
También el Concello debe actuar con claridad. Los vecinos merecen saber si las decisiones se tomarán conforme a criterios legales y de interés general, o si se acabarán adoptando bajo presión pública. La seguridad jurídica, la igualdad de trato y la defensa del patrimonio colectivo deben estar por encima de cualquier pulso personal.
As Pontes ya ha sufrido demasiado cuando sus instituciones no han estado a la altura en momentos importantes. Por eso, en este caso, lo mínimo exigible es responsabilidad, transparencia y diálogo. La procesión del Carmen no debe ser rehén de ningún conflicto particular.
Criticar una terraza es legítimo. Defender una posición jurídica también. Pero poner en riesgo una tradición de más de tres siglos para forzar una decisión no es el camino. Y mucho menos debería serlo cuando quien lo hace tiene la responsabilidad moral de unir, no de dividir.