En un giro inesperado de los acontecimientos —aunque quizá no tanto— el cura párroco ha decidido asumir nuevas competencias urbanísticas y, de paso, convertirse en director general de mobiliario exterior de la Plaza del Carmen. Según parece, será él, en ejercicio de su recientemente descubierta vocación de arquitecto municipal, quien determine dónde se colocan las sillas.

Fuentes municipales de absoluta solvencia, es decir, de las que no suelen llamar a la radio a todas horas, confirman que la famosa denuncia contra las mesas y sillas de la cafetería La Capilla no fue fruto de un clamor vecinal ni de una rebelión popular espontánea. No. Fue, más bien, una iniciativa individual, casi artística, del propio párroco, sin el incómodo acompañamiento de vecinos que la respaldaran. Dice ahora que asumió la responsabilidad él solo.

El sacerdote, en conversación con la asociación de empresarios COHEMPO, ha dejado claro que no está para negociar. Nada de transacciones, nada de acuerdos. La Plaza del Carmen —según su interpretación, que combina derecho canónico, catastro y libre inspiración— pertenece al obispado, y por tanto las mesas y sillas deberán colocarse donde él, cual estratega del urbanismo litúrgico, tenga a bien señalar. Eso sí, con una propuesta concreta: al fondo, detrás del cruceiro, en esa zona donde las sillas, probablemente, podrán reflexionar en silencio sobre su destino y los cafés llegarán ya fríos.

Mientras tanto, los medios regionales viven días de intensa actividad telefónica. El párroco, en una mezcla de bombero y torero —apaga fuegos que él mismo enciende y luego da pases al aire— se prodiga en declaraciones públicas que, lejos de calmar los ánimos, alimentan la indignación vecinal y siembran dudas entre los hosteleros, que empiezan a sospechar que el futuro de sus propias terrazas dependerá más del púlpito que del ayuntamiento.

Resulta especialmente entrañable —por no decir desconcertante— la preocupación del párroco por la protección del patrimonio. Sobre todo, teniendo en cuenta que, desde hace más de un año, preside orgulloso un gallinero-aviario solidario le llama- instalado en la Plaza del Cementerio Viejo, a escasos quince metros de la iglesia de Santa María. Una intervención urbanística que, sin duda, abre nuevas vías de diálogo entre el barroco de la iglesia y la avicultura.

Por su parte, el propietario de la terraza insiste en un argumento tan aburrido como sólido: cuenta con autorización desde diciembre de 2026, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que lleva aplicándose dos décadas-desde el 2012- en el casco urbano de As Pontes. Pero claro, ese detalle administrativo palidece frente al poder de la inspiración parroquial.

No satisfecho con la polémica local, el sacerdote amenaza con elevar el caso a la Dirección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. Queda por aclarar si en ese escrito incluirá también su gallinero en el Casco Viejo o si, por el contrario, las gallinas -las suyas-disfrutan de algún tipo de fuero especial o inmunidad eclesiástica.

En As Pontes, mientras tanto, nadie duda de que la Dirección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura actuará esta vez y si llega el caso con la máxima diligencia si finalmente el reverendo denuncia el peligroso avance de mesas y sillas.

Cabe esperar, eso sí, que esa diligencia supere la demostrada en otros asuntos menores, como el destino del Parque de Carbones o la progresiva desaparición de las grandes infraestructuras industriales de la villa, cuestiones que, al parecer, no generan tanta urgencia… ni tantas llamadas telefónicas.

Que Dios los perdone.