Los tres grupos del Parlamento gallego han aprobado este jueves instar a la Xunta a que reclame al Gobierno central la convocatoria «urgente» de una mesa de trabajo para una «transición energética justa» en As Pontes, así como una mesa específica para tratar la problemática del personal de la industria auxiliar de Endesa. La iniciativa ha sido defendida por el BNG y ha contado con los votos a favor de PPdeG y PSOE.
Durante su intervención, el diputado nacionalista Ramón Fernández ha asegurado que Galicia «vive un momento clave» en el que «las decisiones sobre la llamada transición energética marcarán el futuro» de distintas comarcas, entre ellas la de As Pontes, afectada por el cierre de la central térmica.
Ramón Fernández, que ha criticado la «ausencia de una política industrial» por parte de la Xunta y la «improvisación» del Gobierno central, ha alertado del «cuadro desolador» del sector energético en Galicia y ha instado a poner medidas para que «la descarbonización no acabe siendo otro drama industrial» en la comunidad.
De no poner medidas, ha apuntado, el «impacto» del cierre de Endesa en la comarca de As Pontes y Ferrolterra «va a ser brutal» y Galicia corre el riesgo de quedarse en el «vagón de cola de la transición energética» por afrontar este proceso «sin tener testadas alternativas».
El diputado popular Miguel Tellado, por su parte, ha criticado la actuación del Gobierno central en este ámbito y lo ha responsabilizado de «expulsar por la vía impositiva a las centrales térmicas» de Galicia. «Las empresas no falla, cierran porque el Gobierno central les obliga», ha sentenciado.
Tellado ha explicado que el PPdeG «está en el mismo punto que siempre: defendiendo la continuidad de la planta térmica, que podría seguir operando hasta 2040», pero «que el PSOE quiere que cierre ya».
Frente a ello, el diputado socialista Martín Seco ha remarcado la importancia de la coordinación entre todas las administraciones dentro de un proceso «marcado» por las políticas de la UE «para luchar contra el cambio climático».
Seco ha lamentado que esta situación pueda llevar a que la comarca «pueda perder su actividad industrial», aunque ha ceñido esto a una «decisión del cese de actividad empresarial» motivado por «falta de competitividad» y «modificación de las condiciones del mercado». «Debemos ser capaces de llegar a nuevas formas de riqueza y no limitarse a atacar al gobierno del Estado», ha zanjado.
El PROGRESO
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