En As Pontes, el pleno municipal aprobó el pasado 10 de septiembre, por segundo año consecutivo, una partida de 20.000 euros para el cuidado de los gatos callejeros. El dinero irá a pienso y a castraciones, fijadas a tarifa de clínica privada: 80 euros por cada macho y 120 por cada hembra. El censo oficial habla de 200 felinos identificados, a los que se suman otros 20 recién llegados al Riego do Muíño. Es pensamiento generalizado entre los vecinos que los gatos proceden de los municipios colindantes pues como el propio alcalde reconoce solo quince de los noventa y tres municipios de la provincia gastan dinero en mantener gatos.

El resultado es un ecosistema político peculiar: los baches en las calles seguirán esperando, pero los gatos tienen garantizado su futuro. Y ojo, que el propio Ayuntamiento admite que el gasto podría duplicarse el año que viene. A este paso, pronto se hablará de la “colonia felina de As Pontes” como si fuese un organismo autónomo con presupuesto propio.

El detalle divertido —o trágico, según se mire— llega cuando lo situamos en el marco nacional. España reconoce como derechos la eutanasia de personas y el aborto humano. Es decir, la vida humana puede ser interrumpida de manera legal y voluntaria. Sin embargo, si alguien osa acabar con la vida de un gato abandonado, la Ley 7/2023 establece multas que van de 50.001 a 200.000 euros. En otras palabras: una sanción más dura que muchas de las que se imponen por delitos económicos o medioambientales o incluso homicidios.

El mensaje es cristalino: en este país, la vida de un gato callejero está blindada con más celo que la de un ciudadano en un hospital colapsado.

. Al fin y al cabo, ellos ya tienen garantizado lo que muchos vecinos aún esperan: atención, presupuesto y protección legal.

As Pontes es ya el municipio de los gatos