La comisión de Hacienda del Congreso dio luz verde, con 20 votos a favor, 15 en contra —del PSOE y Vox— y la abstención del PNV, a la proposición no de ley del BNG para que el Gobierno negocie un mecanismo de compensación por la pérdida de recaudación municipal en los impuestos de Actividades Económicas (IAE) y de los Bienes Inmuebles Urbanos de Características Especiales (el IBI-BICES) derivada del cierre de las centrales térmicas.

El parlamentario nacionalista Néstor Rego censuró que «no se hiciese una transición justa, con medidas de apoyo a las comarcas afectadas y con una negociación previa con los ayuntamientos» y destacó «el retroceso económico que padecen Cerceda y As Pontes debido a un cierre anticipado, no planificado y caótico que tuvo un origen político, diseñado desde el Estado», por lo que exigió compensaciones «para asegurar la suficiencia financiera a las entidades locales».

Rego explicó que en el estudio sobre el Impacto Socioeconómico en As Pontes de Descarbonización Energética se calcula una pérdida de 1.178 puestos de trabajo en el municipio y 299 en la zona de influencia, desapareciendo un total de 1.477 empleos que, «en términos económicos», incidió, implicaría la pérdida de 67 millones de euros anuales.

Además, indicó que se cuantifican en 670.000 euros al año la disminución en concepto de ingresos por IAE y en unos dos millones anuales la pérdida de ingresos por el IBI-BICES por la aplicación de un criterio impositivo regresivo del catrastro, ya que se elimina en las centrales la condición de características especiales y se les aplica la condición de suelo urbano.

Rego también criticó que se aplica el 1 de enero del año siguiente al acta de cierre de la central, ignorando todo el proceso de desmantelamiento de las instalaciones que oscila entre tres y cinco años, a los que hay que añadirle uno o dos años más para la actuación en los suelos contaminados.

El PP, muy crítico

El PP, por su parte, defendió la necesidad de estos mecanismos de compensación para «preservar o principio de suficiencia financeira das entidades locais» y fue muy crítico con la posición del PSOE, que gobierna en Cerceda y As Pontes.

Así, tras el voto en contra de los socialistas, el secretario general del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Evaristo Ben, cargó contra el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y contra el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y les pidió explicaciones por lo que entiende como «unha nova forma dos malos tratos que a súa formación proporciona a Galicia«.

«Estaría ben saber cal é a súa postura respecto ao voto da súa formación en Madrid. Os galegos, e en especial os veciños das Pontes e Cerceda merécense saber se os dirixentes do PSdeG está a favor dunha postura que pretendía prexudicar os intereses da xente que vive nestes municipios», dice Ben.

El PSOE defiende la financiación local

En la comisión de Hacienda el PSOE defendió su postura en que «los 8.000 alcaldes de España no quieren compensaciones, lo que quieren es una financiación local que le permita ejercer sus competencias, que es en lo que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez«.

 

EL PROGRESO