Sube la tensión entre Xunta y Gobierno con la mirada puesta en el futuro de As Pontes. La delegación del Gobierno instó este miércoles al vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, a que firme el protocolo de convenio de Transición Justa de As Pontes para, de esta manera, “avanzar en el proceso de concreción de las nuevas inversiones en la localidad”. A mayores, pide “una mayor implicación” de la Xunta.
La Delegación ha señalado en un comunicado que, así, se daría «respuesta a las demandas de la comarca y de los trabajadores de la central térmica«, y ha apuntado además que el conselleiro «ha cambiado su criterio sobre el futuro de As Pontes», y ha pedido «concreciones».
Desbloquear el convenio
En este sentido, ha recordado que «esas concreciones llevan meses encima de la mesa sin que la Xunta firme el protocolo que permita estudiar alternativas e inversiones«. La Delegación «espera» que el cambio de criterio del conselleiro «permita desbloquear el convenio y, así, fijar nuevas inversiones que garanticen los puestos de trabajo y fijar la población en el rural».
La Mesa de Transición de As Pontes reúne a los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de As Pontes, de la empresa titular de la central térmica, de la Asociación Empresarial de As Pontes y de los sindicatos para «planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en la zona«.
Unidad de acción
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con As Pontes y con la Mesa para «el futuro de la comarca, la única con carácter específico, a la que corresponde la elaboración de un plan de desarrollo para encontrar alternativas a la actividad de generación eléctrica con carbón tal y como venía desarrollando, entre otras actividades».
También ha calificado de «fundamental» la necesidad de una unidad de acción institucional y sindical, por lo que la decisión de la Xunta de participar activamente en este órgano debe de ser ratificada con una mayor implicación del Gobierno gallego».
Fuente Economía Digital
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