El pasado 2 de junio, el Consejo de ministros aprobó la prórroga de funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. La decisión, que revierte el acuerdo de cierre alcanzado en 2019, se produce tras la presión política y social orquestada en Extremadura. Un frente común sin fisuras entre la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el alcalde socialista de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz, y los representantes de Vox en la Junta, entre otros, logró el objetivo: Almaraz no se cierra.

Frente a este contundente ejemplo de unidad institucional, política y social, Galicia y As Pontes muestran una realidad diametralmente opuesta. Cuando se anunció el cierre de la central térmica pontesa —la más potente de su tipo en España y emblema energético gallego—, no hubo movilización, ni resistencia institucional, ni estrategia común. El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, que además preside la Diputación de A Coruña y era secretario general del PSdeG, asumió el cierre sin oposición visible. Ni la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijoo al frente, ni los principales partidos políticos, ni siquiera los sindicatos, movieron ficha para evitar la clausura.

A diferencia de Extremadura, donde no se planteó transición alguna —ni justa ni injusta— y se luchó directamente por la continuidad de la central, en As Pontes y en Galicia se aceptó desde el primer momento el relato oficial de una «transición justa». Una transición que en la práctica ha sido un completo fraude, sin alternativas industriales reales, sin empleos equivalentes y con un territorio despojado de su principal activo energético sin compensaciones proporcionales.

La respuesta popular y política en Extremadura ha demostrado que la presión sirve. Que cuando los representantes públicos se ponen al lado de sus vecinos, los resultados pueden cambiar. Galicia, y concretamente As Pontes, ha sido víctima de una claudicación institucional incomprensible e histórica. Una tierra que durante más de cuarenta años ha producido energía para toda España se ve ahora condenada al abandono, mientras otras regiones consiguen salvar sus industrias estratégicas con firmeza, sin eufemismos ni resignación.

As Pontes no necesitaba una transición, necesitaba justicia. Y justicia hubiera sido, al menos, una defensa decidida de su continuidad industrial. Lo de Almaraz prueba que otra actitud era posible.

Fue la lección de Almaraz.