El Ministerio de Defensa ha tardado casi un año en dar la voz de alarma sobre la amenaza para la seguridad nacional que podría suponer la instalación en la ría de Ferrol (La Coruña) de la primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa de la compañía estatal china SAIC Motor. La ubicación elegida está a escasa distancia del arsenal militar de Ferrol, puerto estratégico de la Armada. La demora es «relevante», a juicio de fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido de la mano de la Xunta de Galicia desde que se iniciaron las negociaciones con la propietaria china de la marca MG a finales de 2025.

El anuncio oficial del proyecto se hizo el pasado 1 de junio, si bien se necesita aún la luz verde del Consejo de Ministros al ser una relevante inversión extranjera en España. Y ha sido ahora cuando se ha conocido que Defensa plantea objeciones a este proyecto industrial, aunque este martes la titular del departamento, Margarita Robles, telefoneó a Rueda para confirmarle que tendrá el aval favorable pese al contenido de sus informes. Defensa teme que la OTAN y la Unión Europea dejen de considerar a Ferrol como un puerto seguro a raíz de la presencia de la empresa estatal china, una de las más multadas por Bruselas por su falta de transparencia.

En el equipo de Rueda reconocen a  THE OBJECTIVE que los contactos con la empresa empezaron «desde hace meses, ya en el 2025» sin que, en ningún momento, «saltasen las alarmas» o se advirtiese desde el Ejecutivo central al Gobierno autonómico de una posible amenaza a la seguridad nacional por el tránsito de buques de guerra que salen y entran del arsenal militar. Además, en la ría de Ferrol se encuentran también los astilleros de Navantia.

El PP, por tanto, ve gato encerrado en la polémica por los recientes informes del Ministerio de Defensa que alertan de esta futura instalación. Las sospechas, tanto de Génova como de la Xunta de Galicia, son que detrás de la filtración de este lunes podría estar el intento del Gobierno de Sánchez para legitimar otras inversiones chinas en España como las de Huawei, en el punto de mira desde que la Comisión Europea indicó que la tecnológica es una amenaza para la seguridad y un proveedor de alto riesgo en redes críticas.

El propio Rueda verbalizó este malestar tras enterarse de la existencia de dichos informes. «Es difícil de entender. Es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno y la Xunta desde hace muchos meses, donde conocemos perfectamente su contenido y las diferentes circunstancias que inciden y, ahora, es sorprendente que un departamento del Gobierno central haga estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad o riesgo militar», expuso el presidente gallego.

Además, la exlíder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, defendió esta inversión china en su reciente viaje oficial al gigante asiático en mayo, donde insistió en la contratación de trabajadores gallegos que fortalezcan la economía local, por lo que el Ejecutivo central ha remado en todo momento junto a la Xunta gallega en este proyecto.

El objetivo tras la creación de esta fábrica es esquivar los aranceles de hasta el 45% impuestos por la Unión Europea a las importaciones chinas, al establecer su producción dentro de las fronteras comunitarias, y ya hay un calendario marcado: se prevé que se inicien las obras en 2027 para estar plenamente operativos antes de que termine 2028. «A la Xunta le corresponde exigirle al Gobierno que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia», insistió Rueda.

La consejera de Economía e Industria de Galicia, María Jesús Lorenzana, llegó a calificar la iniciativa como «el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas» y las cifras la avalan: supondrá una inversión inicial de 200 millones de euros y tiene previsto crear 1.000 empleos directos. Además, el Gobierno autonómico le ha concedido la calificación de proyecto industrial estratégico con el objetivo de agilizar los trámites burocráticos. Sin embargo, este entusiasmo político contrasta con la alerta lanzada ahora desde Defensa.

Los servicios de inteligencia advirtieron sobre la vulnerabilidad del entorno y, aunque tanto la Armada como Navantia reforzarán sus sistemas de protección para blindar sus instalaciones y evitar ser víctimas de ciberataques y otras formas de espionaje electrónico, la mayor preocupación son las industrias auxiliares. Sin embargo, desde el Gobierno se aclaró rápidamente, por boca del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que la instalación de esta planta china de vehículos eléctricos en Ferrol es segura, al tiempo que se mostró convencido de que se va a llevar a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional.

López negó que pueda llegar a rechazarse esta inversión, que requiere la aprobación del Consejo de Ministros, por motivos de seguridad e hizo hincapié en que se están analizando todas las «implicaciones» que conlleva y tomarán «las decisiones oportunas». En ese sentido, señaló que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y «se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable», aunque quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. «Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación», indicó desde la sede de su ministerio. Al día siguiente, llegó la luz verde de Robles.

Fuente: The Objetive