El alcalde de As Pontes ha optado por el recurso más viejo de la política: descalificar a quien denuncia una realidad incómoda en lugar de responder al fondo del asunto. Así reaccionó ante la pregunta formulada en el último pleno por la concejala del BNG, Carmela Franco, calificando de «populista» e «impropio de un representante público» que se cuestionen los elevados salarios de los concejales con dedicación exclusiva mientras se hablaba de reducir el presupuesto y los servicios a los ciudadanos.

Sin embargo, la pregunta de Carmela Franco no solo es legítima, sino que refleja una inquietud creciente entre muchos vecinos de As Pontes: ¿cómo puede hablarse de recortes, contención del gasto o dificultades económicas mientras el gobierno municipal mantiene unas retribuciones políticas que muchos consideran excesivas y alejadas de la realidad social del municipio?

La respuesta del alcalde resulta reveladora. En lugar de justificar por qué los cargos políticos perciben esas cantidades, prefirió equiparar a los concejales con los trabajadores municipales. Una comparación profundamente injusta. Un empleado del Ayuntamiento accede a su puesto mediante un proceso selectivo, cumple un horario diario, desarrolla una carrera profesional y presta un servicio permanente a la administración. Un concejal ejerce un cargo político, elegido democráticamente, pero voluntario y temporal. Son realidades completamente distintas que no pueden utilizarse como argumento para blindar unos salarios políticos.

Además, el alcalde omitió una evidencia que cualquier vecino conoce: muchos trabajadores municipales perciben aproximadamente la mitad de lo que cobra un concejal con dedicación exclusiva, desempeñando jornadas completas y responsabilidades técnicas permanentes. Y muchas veces mejor cualificados profesionalmente que los concejales.

Conviene recordar también la historia reciente de As Pontes. Durante muchos años, alcaldes y concejales desempeñaron sus responsabilidades sin percibir un sueldo. Se abonaban únicamente las dietas justificadas por desplazamientos, manutención o alojamiento y, en determinados casos, las asistencias a plenos y comisiones. Los salarios políticos llegaron con el gobierno socialista en 2007.

Entre 1987 y 1995, bajo el gobierno de Amigos de As Pontes, ni el alcalde ni los concejales cobraron sueldo alguno ni percibieron asistencias. Únicamente se abonaron los gastos debidamente justificados. En aquellos ocho años, el importe total percibido por el alcalde en concepto de desplazamientos y manutención apenas superó los siete mil euros. Menos de mil euros anuales por todos los conceptos.

La comparación con la situación actual resulta inevitable. Hoy existen concejales del grupo de gobierno que perciben entre cuarenta y cincuenta y cinco mil euros anuales, además de asistencias a plenos, comisiones, tribunales de examen y otros gastos justificados. Son cifras que difícilmente reflejan la realidad salarial de la mayoría de las familias pontesas y que inevitablemente alimentan el debate público.

Precisamente por eso merece reconocimiento la actitud de Carmela Franco. Lejos de practicar el populismo, ha hecho lo que debe hacer cualquier representante de la oposición: fiscalizar al gobierno, preguntar por el destino de los recursos públicos y abrir un debate sobre las prioridades del Ayuntamiento. Eso es ejercer el control democrático, no hacer demagogia. Hizo bien y otros vendrán que lo hagan menos dulcemente que Carmela.

Lo verdaderamente preocupante es que el alcalde considere impropio plantear este debate. En democracia, cuestionar el uso del dinero público nunca debería ser un motivo de descalificación personal. Al contrario, debería ser una obligación permanente de cualquier concejal, pertenezca al gobierno o a la oposición.

Cuando un gobernante responde con ataques personales en lugar de argumentos, transmite la sensación de que le incomodan más las preguntas que las respuestas. Y cuando califica de «populista» a quien pide moderación en los salarios políticos, corre el riesgo de situarse cada vez más lejos de la realidad cotidiana de los vecinos.

La intervención de Carmela Franco no la desacredita; la fortalece como representante de quienes consideran que la política debe ser un servicio público y no una forma de asegurar una posición económica privilegiada. Si alguien sale políticamente debilitado de este episodio no es quien formula la pregunta, sino quien intenta silenciar el debate mediante descalificaciones.

Porque la verdadera dignidad de la política no consiste en proteger los privilegios de quienes gobiernan, sino en aceptar el escrutinio público y rendir cuentas con transparencia. Y en ese terreno, las preguntas de Carmela Franco son mucho más útiles para As Pontes que la descalificación prepotente con la que el alcalde ha pretendido responderlas.