Abengoa protagoniza la mayor suspensión de pagos en España desde la de Martinsa-Fadesa, que se declaró en concurso de acreedores en julio de 2008 con un pasivo de 7.000 millones. La firma sevillana tiró la toalla este lunes tras años tratando de sortear la quiebra y unos últimos meses al límite. En el caso de la tecnológica, aunque no ha presentado las cuentas auditadas de 2020, se estima que su deuda ronda los 6.000 millones, por lo que queda cerca de Martinsa y supera a la quiebra de la inmobiliaria Reyal Urbis en febrero de 2013 (pasivo de 4.400 millones)

La firma andaluza solicitó finalmente el lunes el concurso voluntario de acreedores tras encadenar rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos en el pago durante años. En esta última ocasión ha fracasado en el intento y no ha conseguido que los bancos acreedores le otorguen los consentimientos necesarios para extender por enésima vez el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración alcanzado el pasado mes de agosto.

En los últimos resultados presentados por la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del primer trimestre del año pasado, contaba con más de 4.000 millones de euros de deuda financiera y más de 1.200 millones de deuda con proveedores. Estos números, que dibujan un panorama sombrío, son previos a los estragos que haya provocado la crisis del coronavirus. Abengoa llegó a la pandemia con deberes por hacer y acumulaba unos pasivos totales de cerca de 8.000 millones en el conjunto del grupo, incluyendo algunos de difícil clasificación. En cualquier caso, resulta difícil cuantificar el pasivo total de Abengoa por varios motivos: la firma no presenta resultados desde ese primer trimestre de 2020; el grupo cuenta con diferentes filiales que a su vez tienen otros concursos; y además es probable que parte del pasivo no se pueda considerar como concursal por su naturaleza o por pertenecer a filiales que tienen otros concursos.

La profunda crisis que puede haber dado al traste con la firma sevillana tuvo en 2015 su punto álgido, cuando se declaró en preconcurso de acreedores. Entonces afloró una deuda, tanto financiera como a proveedores, de 20.000 millones de euros. Entonces la salida fue convertir esa deuda en participaciones de capital, de forma que los acreedores se quedaron con el 95% de la compañía. Desde entonces solo ha conseguido avanzar a trompicones, sin vislumbrar una salida a medio plazo.

El último plazo vigente, el que ha terminado derribando las esperanzas de la firma, se cumplió el pasado viernes. Hasta entonces, se habían planteado todas las alternativas posibles. El último plan de salvación consistía en la inyección de 550 millones de euros entre créditos y avales. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) aportaría 300 millones en avales, mientras que los 250 restantes se dividen en 180 millones prestados por la banca acreedora y avalados por el ICO, 50 millones en un crédito del ICO y 20 millones que aportaría la Junta de Andalucía, sin garantía de devolución. El enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía tampoco ha ayudado a lograr una salida a la crisis, al menos en el corto plazo. En este contexto, la compañía tenía que buscar un fondo que aportase los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía rechazó asumir para evitar la quiebra. Y el Gobierno de España, sin esa garantía, no blindaba las ayudas a través del ICO y del Cesce. Un triste final que corta el pequeño hilo de esperanza que mantenía una plantilla de cerca de 14.000 empleados, de los que unos 3.000 trabajan en España.