El 14 de abril de 2011, Endesa formalizó en escritura pública la cesión gratuita y en pleno dominio al Ayuntamiento de As Pontes de 52.000 metros cuadrados de terreno en Alimpadoiros, destinados al futuro circuito de karts. La infraestructura deportiva comenzó a construirse dos años después, en mayo de 2013, sobre una parte de las más de veinte hectáreas que Endesa había expropiado en la zona para la construcción del Canal 4.

A finales de 2014 se constituía en As Pontes la Sociedade Cooperativa Galega Canle IV, con el objetivo de promover viviendas unifamiliares para extrabajadores de Endesa sobre la parte restante de aquellos terrenos. Durante todo el año 2015 se sucedieron reuniones vecinales para captar socios, en las que se presentaba el proyecto como una oportunidad excepcional, tanto por sus supuestas ventajas económicas para los cooperativistas como por la inversión que representaría para el municipio, cifrada entonces en más de veinte millones de euros.

El alcalde manifestó desde el primer momento su apoyo público y entusiasta a la iniciativa, aunque sin explicar con detalle su alcance real ni sus consecuencias urbanísticas, económicas o sociales.

Un proyecto con graves problemas de origen

Desde sus inicios, la cooperativa se enfrentó a cuatro dificultades fundamentales.

La primera, y más relevante, fue la realidad económica del proyecto, muy alejada de la que se trasladó a los cooperativistas. En las reuniones iniciales se hablaba de viviendas por debajo de los 200.000 euros, cuando, una vez ejecutada la urbanización, era evidente que el coste final superaría con creces el doble de esa cifra. Se demonizaba en ellas al sector local de la construcción, presentado como un colectivo que se había enriquecido durante años a costa de los vecinos, mientras se ocultaban costes esenciales, como los administrativos. Solo en concepto de aprovechamiento urbanístico, según el informe de Intervención nº 343/2018, la cooperativa mantiene aún pendiente de pago al ayuntamiento la cantidad de 962.082 euros, a lo que habrá que sumar los costes derivados de los proyectos de modificación urbanística. Nada de esto se explicó a los socios.

La segunda dificultad fue la oposición del sector de la construcción y de los propietarios de suelo urbano en As Pontes, que vieron cómo se les privaba de oportunidades de trabajo y desarrollo. En 2014 el ayuntamiento comenzó a imponer trabas —en algunos casos difícilmente justificables— a la construcción de viviendas unifamiliares. Esta política quedó patente en una reunión solicitada por Antonio Lorenzo Cabarcos, uno de los principales propietarios de suelo del municipio, para conocer por qué no se autorizaba la urbanización de calles en la zona de Cal de Avelaiña, pese a contar con proyectos presentados y con autorizaciones históricas desde 1986, tras la cesión obligatoria de terrenos para equipamientos y viales. En presencia del ingeniero municipal, Marcelino López Méndez, y ante la falta de argumentos sólidos, el alcalde llegó a afirmar que, si era necesario, el ayuntamiento compraría todo el suelo de la zona. La voluntad de bloqueo era entonces evidente.

El tercer problema fue la profunda injusticia del proyecto respecto al conjunto de los vecinos. As Pontes cuenta con tres suelos urbanizables: Os Chaos (SU 1-2), con capacidad para 260 viviendas; As Campeiras (SU 3), para 182; y Rego do Campo (SU 4), para 201. En total, desde 1985, el planeamiento permitía construir en esas tres zonas 643 viviendas.

La normativa urbanística impide que una modificación puntual incremente la edificabilidad total, por lo que las 107 viviendas solicitadas por la Cooperativa Canal 4 se obtuvieron detrayendo edificabilidad de los suelos no desarrollados. Como consecuencia, la capacidad total pasó a ser de 536 viviendas. Además, se perdieron 1.764 metros cuadrados de vivienda protegida, 470 metros cuadrados de espacios comerciales y 2.416 metros cuadrados de equipamiento público.

La injusticia fue doble: por un lado, se desarrolló un suelo urbanizable en apenas tres años a iniciativa de un grupo concreto, mientras otros vecinos llevaban más de tres décadas esperando ejercer un derecho reconocido; por otro, la edificabilidad concedida a la cooperativa se restó a quienes ya la tenían legalmente asignada y por la que habían tributado desde 1985.

El cuarto elemento de preocupación fueron los aspectos poco claros del proyecto. Ni el alcalde ni la directiva de la cooperativa informaron con transparencia sobre las dificultades reales y sus consecuencias económicas. Sin embargo, el indicio más alarmante fue el precio pagado por los terrenos.

El 30 de diciembre de 2015, la Cooperativa Canal 4 abonó a Endesa 1.011.720,57 euros por un monte de 138.940 metros cuadrados, lo que suponía un precio de 7,28 euros por metro cuadrado. En esas fechas, el Observatorio de Mobilidade de Terras de Galicia situaba el precio medio del monte en Galicia en 0,63 €/m² y en la comarca del Eume en 0,41 €/m².

No había duda de que en esa operación se había pagado no solo el suelo de la cooperativa, sino también el previamente donado al ayuntamiento para el circuito y probablemente algunas misas más. La desafección ciudadana hacia un proyecto que, por sus indicios, bien podía acabar en los tribunales fue inmediata y plenamente comprensible.

Un final anunciado y una oportunidad

En octubre de 2020, tras cinco años de trámites y sin excesiva urgencia tras la compra del suelo, el ayuntamiento aprobó la modificación puntual de las NSM que reclasificaba el terreno de rústico a urbanizable. Dos años después, en 2022, la cooperativa se disolvía, dejando a cerca de un centenar de socios como propietarios pro indiviso de un monte sin expectativas reales de desarrollo. Al muerto no hizo falta matarlo, se murió solo.

Sin embargo, lo que fue un desastre puede y debe convertirse ahora en una oportunidad.

La solución pasa por dos vías complementarias: devolver el dinero a quienes fueron engañados con expectativas irreales y transformar esos terrenos, ya recalificados y con edificabilidad sustraída al conjunto de la población, en un activo útil para todos los vecinos.

La devolución del importe pagado por el suelo es viable si se articula mediante un calendario de anualidades, como ya se hizo en su día desde Amigos de As Pontes para la adquisición del Cine Alovi, que permitió dotar al municipio de un auditorio de forma inmediata.

Con el suelo en manos públicas y la edificabilidad ya aprobada, la opción más eficiente sería trazar una calle paralela a la de Antonio Machado, de unos 500 metros de longitud y un coste aproximado de 750.000 euros. A ambos lados podrían construirse cien viviendas unifamiliares adosadas de carácter social, financiadas por la Xunta de Galicia, y reservarse en el centro el equipamiento público de 2.416 metros cuadrados previsto en la modificación urbanística.

Con un pago anual asumible, en torno a los 100.000 euros durante diez u once años, y una inversión razonable en urbanización, As Pontes podría disponer a corto plazo de cien viviendas para quienes más las necesitan y de suelo para equipamientos futuros. El resto del terreno, unas diez hectáreas, podría destinarse —debidamente repoblado— a un nuevo parque público complementario al de A Fraga.

Es la mejor solución posible.
Y hay que ponerse a ello.