La paciencia del colectivo de transportistas de carbón está llegando a su fin. Tras casi dos años sin actividad y ante la falta de soluciones o las prometidas ayudas por los Gobiernos central y autonómico, estos profesionales han vuelto a echarse a la calle para, como mínimo, “hacerse notar”, tal y como explica su portavoz, Manuel “Cholo” Bouza. Su situación, ya de por sí desesperada, se vio agravada por la pandemia de coronavirus, reduciendo sus posibilidades de encontrar actividades alternativas para recibir ingresos. Es por ello que el colectivo de profesionales inició ayer una nueva campaña de protesta, bloqueando con sus vehículos los dos accesos a la central de As Pontes.

Unos 70 camiones, un centenar de personas y una barricada de neumáticos en llamas impidieron durante toda la jornada la entrada a las instalaciones; aunque desde el colectivo advierten que no se trata de una acción puntual y que permanecerán ahí “el tiempo que sea necesario”. De hecho, Bouza señaló que a partir del lunes se sumarán más colectivos a la protesta, entre ellos trabajadores y representantes sindicales de la eléctrica y las empresas auxiliares y entidades sociales de la villa pontesa. “El lunes comenzará a haber más jaleo y comenzaremos a hacer más cosas”, advierte Manuel Bouza.

Ninguna ayuda

En cuanto a las ayudas prometidas para paliar las deudas derivadas de la renovación de camiones –que se realizó apenas unas semanas antes del primer anuncio de cierre–, el portavoz señala que no han percibido ninguna. “Aquí no se recibió ninguna ayuda –asevera el portavoz–; es más, a mi en Madrid la ministra me las ofreció delante de todo el mundo; y el Igape y la Xunta de Galicia, pero de ayudas nada”. Este empresario recuerda, además, que más de el 40% de los afectados son autónomos y que los vehículos, prácticamente nuevos en el momento en el que se anunció la parálisis productiva, llevan “dos años parados”, perdiendo casi la mitad de su valor.

En cuanto a los ánimos del colectivo, Bouza señala que la situación está “fastidiada”, dado que llevan casi dos años sin poder ejercer. La situación se ve empeorada por la falta de comunicación por parte de las administraciones e incluso la propia eléctrica, que desde hace meses no se ponen en contacto con ellos.

La única excepción, destaca Bouza, sería el Concello de As Pontes, que intenta apoyarlos con los medios de los que dispone, pero que estos son limitados.

 

Diario de Ferrol